Ahijado político de Rocha Moya y suplente de Inzunza busca gubernatura de Sinaloa por Morena

CULIACÁN, Sinaloa. El tablero político sinaloense rumbo al proceso electoral de 2027 ha comenzado a moverse con fuerza, bajo una densa sombra de sospechas criminales. Este sábado, Omar Alejandro López Campos formalizó su registro en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura a la gubernatura del estado, un movimiento que coloca en la primera línea de competencia al círculo más cercano de la actual administración sinaloense, fuertemente cercada por acusaciones internacionales de narcotráfico.

Para concretar su postulación, López Campos presentó su renuncia este viernes como titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (Sebides), con la intención de encabezar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación frente a otros 15 aspirantes oficialistas.

El núcleo bajo investigación: Los nexos con el crimen organizado

El registro de López Campos no puede leerse de forma aislada a las investigaciones de las agencias de seguridad e inteligencia. Su carrera política y su postulación están directamente amparadas por las dos figuras centrales del poder en el estado, hoy formalmente señaladas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de "Los Chapitos" (los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán):

• Enrique Inzunza Cázarez (El Propietario de la Curul): López Campos es el suplente directo en el Senado de Inzunza, un político sobre el cual pesan señalamientos directos de las autoridades en Estados Unidos que lo ligan a la estructura financiera y de protección del narcotráfico en Sinaloa.

• Rubén Rocha Moya (El Padrino Político): El gobernador con licencia de Sinaloa, de quien López Campos es considerado un "ahijado político" y colaborador de máxima confianza, se encuentra bajo la mira de una fiscalía federal en Nueva York. A Rocha Moya se le investiga por presunta complicidad, protección institucional y pactos con los líderes criminales de la región, un escándalo que ha provocado citatorios y declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los vínculos que se habrían tejido desde el aparato estatal.

Debido a que la trayectoria completa del hoy aspirante a gobernador —desde su paso por el ISSSTE hasta la Subsecretaría de Normatividad del estado— ha sido operada y financiada bajo la sombra de estos dos personajes, los cuestionamientos sobre el uso de la estructura oficial y el posible financiamiento ilícito para blindar la continuidad del grupo en el poder ya marcan el arranque de la contienda.

Un perfil forjado a la sombra de la cúpula

Además de ser el relevo en la Cámara Alta y la mano derecha de los funcionarios indagados por la justicia estadounidense, el arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ostenta otras conexiones clave dentro de la política local: es hijo de Eligio López Portillo, actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Sinaloa, lo que le otorga el control de una parte importante del aparato legislativo local.

El contexto del proceso: El registro de Sinaloa se dio en el marco de la quinta jornada de inscripciones de la coalición gobernante integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM).

La baraja de aspirantes en Sinaloa

Pese al respaldo de la estructura de Rocha Moya, López Campos enfrentará una competencia interna interna feroz en el estado, donde otros aspirantes buscan desmarcarse del escándalo que arrastra el actual gobierno:

• Imelda Castro, senadora con licencia.

• Gerardo Vargas, exalcalde de Ahome.

• Teresa Guerra, diputada local con licencia.

• Jesús Ibarra Ramos, diputado federal con licencia.

Con la inscripción de su ahijado político, el grupo de Rubén Rocha Moya busca asegurar inmunidad y retener el control de Sinaloa de cara a 2027, en un proceso que estará estrechamente vigilado por el peso de los expedientes judiciales abiertos a nivel nacional e internacional.