Mientras médicos y enfermeros enfrentan la peor crisis del sistema de salud sin medicinas ni herramientas básicas, la dirección del instituto califica la oferta como un "logro" para el poder adquisitivo.

A casi dos semanas de que las calles se llenaran de mantas, consignas y la indignación del personal de salud, las autoridades han roto el silencio, pero con una oferta que se queda corta ante la realidad que se vive en los hospitales. En conferencia de prensa conjunta con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció una propuesta de incremento salarial del 8% global.

La cifra, sin embargo, suena más a un mejunje paliativo que a una solución real. Los trabajadores de la salud han sido claros en sus exigencias desde el día uno: un aumento mínimo del 10%, una meta que buscaba resarcir años de rezago e inflación, pero sobre todo, una demanda urgente de insumos básicos, herramientas de trabajo y medicamentos para poder atender con dignidad a millones de derechohabientes.

Entre el "discurso oficial" y el desabasto diario

A pesar de que el personal médico trabaja a diario con las manos atadas —improvisando materiales y enfrentando el reclamo de pacientes ante la falta de fármacos—, la postura institucional prefirió priorizar los números y el presupuesto.

Zoé Robledo defendió la propuesta argumentando que el 8% representa una "mejora en el poder adquisitivo" de los doctores y enfermeros, asegurando además que la medida es "financieramente viable". Una narrativa que busca matizar el rechazo a las exigencias centrales de la base trabajadora.

"Exigir herramientas de trabajo y medicamentos no es un lujo, es lo mínimo para operar. Ofrecer un porcentaje por debajo de lo solicitado en plena crisis sanitaria deja a los trabajadores, una vez más, cargando con el peso del sistema."

Promesas integrales sobre papel mojado

Robledo adelantó que esta oferta forma parte de un "plan integral" que será presentado esta semana ante el Consejo Técnico del IMSS. Dentro de este paquete, se contempla la redistribución de médicos hacia las zonas de mayor marginación y la basificación de 10,939 trabajadores, incluidos aquellos contratados de emergencia durante la pandemia de Covid-19 que continuaban en la incertidumbre laboral.

Aunque la regularización del personal golpeado desde la pandemia es una deuda pendiente, el anuncio no logra opacar el descontento principal: un incremento salarial castigado y la falta de garantías reales para abastecer los anaqueles de las clínicas.

La moneda queda en el aire. Con una oferta que no alcanza el umbral exigido por la base y un sistema de salud al borde del colapso, habrá que ver si los trabajadores aceptan el regateo institucional o si las protestas continuarán escalando.