“Es una decisión de él”: Sheinbaum justifica que Rubén Rocha Moya no regrese al gobierno de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum justificó este martes la permanencia fuera del cargo de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, al argumentar que se trata de una decisión personal de separación mientras continúan las investigaciones, a pesar de que el gobierno mexicano sostiene que no existen pruebas que sustenten las acusaciones de Estados Unidos en su contra.

Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria señaló que, a casi cuatro meses y medio de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hiciera pública la acusación, las autoridades estadounidenses no han compartido información ni evidencia adicional con la administración mexicana sobre el caso.

“Es una decisión de él de mientras siga este proceso, pues mantenerse. Así lo dijo él en el momento en que salió de su puesto: 'no quiero poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa ni mucho menos, prefiero dejar el puesto en lo que continúa esta investigación'”, declaró Sheinbaum ante las preguntas de los medios.

Un proceso bajo hermetismo y una acusación de peso Este martes, Rocha Moya cumple 102 días sin realizar apariciones públicas tras solicitar su licencia ante el Congreso de Sinaloa. Durante este periodo, su actividad se ha limitado a mensajes esporádicos en la red social X y a la difusión de un video no fechado en redes sociales donde presuntamente aparece bailando.

El caso cobra relevancia internacional debido a que el gobierno de Estados Unidos formalizó una solicitud de detención contra el mandatario con licencia por los delitos de:

• Conspiración para importar narcóticos.

• Trafico de drogas.

• Corrupción.

Los señalamientos del Departamento de Justicia estadounidense vinculan a Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa —específicamente con la facción de "Los Chapitos"—, acusándolo de haber recibido respaldo de dicho grupo criminal para triunfar en los comicios estatales. De ser procesado y encontrado culpable en los tribunales estadounidenses, el funcionario enfrentaría penas que van desde los 40 años de prisión hasta la cadena perpetua.