Preocupación de papá”: Ebrard justifica que su hijo viviera gratis en la Embajada de México en Londres

En plena conferencia mañanera del 16 de abril de 2026, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, admitió sin sonrojarse que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, vivió aproximadamente seis meses (entre junio de 2021 y enero de 2022, según algunas versiones hasta ocho) en la residencia oficial de la Embajada de México en Londres. No fue un huésped cualquiera: ocupó la mejor habitación, contó con mayordomo, cocinera personal, dos personas de limpieza y todos los servicios propios de una residencia diplomática pagada con recursos públicos.

La justificación del funcionario, entonces canciller, resultó tan reveladora como problemática: “No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la preocupación de un papá por un hijo”. Según su relato, la entonces embajadora Josefa González Blanco le ofreció “tratarlo como un hijo” en plena pandemia, y él aceptó. “Mándamelo a la residencia”, habría dicho la diplomática. Ebrard lo presentó como un gesto de generosidad familiar en tiempos de Covid-19, cuando su hijo quería tomar cursos de neurociencia. Las clases terminaron siendo virtuales y el joven regresó antes de lo previsto. Fin de la historia, según él. “No usamos ningún recurso ilegalmente”, remató.

Pero la realidad es más incómoda. Las embajadas no son hoteles ni residencias familiares extendidas. Son representaciones del Estado mexicano, financiadas por los contribuyentes, destinadas a funciones diplomáticas, no a alojar a familiares de funcionarios por meses, con servicio completo incluido. Que la embajadora —subordinada directa del canciller— ofreciera la residencia oficial como si fuera su casa particular revela un problema de fondo: la confusión entre lo público y lo privado que tanto criticó el gobierno de la 4T en sus inicios.

Hipocresía y doble rasero

Durante años, Morena y sus aliados denunciaron con vehemencia el uso indebido de residencias oficiales por parte de gobiernos anteriores. La “austeridad republicana” fue bandera central: se recortaron presupuestos, se vendieron aviones, se criticó el lujo de embajadas y se prometió que los servidores públicos vivirían como el pueblo. Hoy, un funcionario de alto nivel del mismo movimiento normaliza que su hijo convierta la Embajada en Londres en un Airbnb VIP con vista al Támesis, lavandería, comida y atención personalizada, todo mientras los mexicanos enfrentaban restricciones, pérdidas económicas y una vacunación caótica que el propio Ebrard coordinaba.

Peor aún: fuentes indican que la estancia pudo haber iniciado antes de la llegada formal de la embajadora, y que el joven fue el invitado que más tiempo permaneció en la residencia. No se trató de unos días de emergencia, sino de medio año de privilegio.

Ebrard califica las críticas de “mezquinas”. Pero cuestionar el uso de bienes públicos no es mezquindad; es exigencia mínima de accountability. Cualquier ciudadano mexicano que intente hospedarse en una embajada sería rechazado de inmediato. ¿Por qué el hijo del canciller sí? La respuesta implícita —“porque soy el jefe y la embajadora me lo ofreció”— es precisamente la definición de abuso de poder y tráfico de influencias, aunque no haya un desfalco monetario directo. Los costos de mantenimiento, personal, servicios y oportunidad (esa habitación no estuvo disponible para otros fines diplomáticos) sí recayeron en el erario.

Contexto más amplio

Esta no es la primera polémica en torno a la Embajada en Londres. Josefa González Blanco ya había dejado su cargo en medio de cuestionamientos. Ahora, el caso del hijo de Ebrard suma otra capa de desconfianza. En un país donde millones de jóvenes luchan por estudiar en el extranjero con becas limitadas o endeudándose, ver al hijo de un alto funcionario viviendo de lujo con cargo al presupuesto genera legítima indignación.

Ebrard puede insistir en que fue solo “preocupación paternal”. Pero un padre preocupado tiene opciones privadas: rentar un departamento, como inicialmente pensó. Elegir la residencia oficial, con toda la infraestructura estatal detrás, cruza la línea. Decir “no veo abuso” no lo elimina; solo lo normaliza.

La verdadera preocupación debería ser para los mexicanos que pagan impuestos: ¿cuántos casos similares han ocurrido sin que salgan a la luz? ¿Cuántas residencias diplomáticas han funcionado como extensiones familiares sin rendir cuentas?

Mientras la 4T agota su discurso de austeridad y combate a la corrupción, episodios como este revelan la distancia entre la retórica y la práctica. Ebrard no ve abuso. Muchos mexicanos, en cambio, ven un clásico ejemplo de cómo el poder termina blindando privilegios que se prometieron erradicar.