La extraña muerte del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar: el marino que denunció el huachicol fiscal y fue silenciado a balazos
Manzanillo, Colima / Ciudad de México, 19 de febrero de 2026 — El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, un alto mando de la Secretaría de Marina (SEMAR) con amplia trayectoria en operaciones navales, fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en circunstancias que han generado sospechas de ejecución vinculada a sus denuncias de corrupción. El crimen ocurrió en la avenida Lázaro Cárdenas, colonia Las Brisas, de Manzanillo, Colima, mientras el oficial circulaba en su vehículo durante el último día de su licencia por vacaciones.
Según reportes de la Fiscalía General de la República (FGR) y medios locales, Guerrero Alcántar fue seguido por dos sicarios que viajaban en motocicleta. Los agresores dispararon de manera directa contra él, impactándolo en la cara y cabeza, lo que le causó la muerte casi de inmediato. El modus operandi —motocicleta para el ataque y un vehículo sedán como apoyo logístico— coincide con el utilizado 18 días antes en el homicidio de Magaly Janet Nava Ramos, funcionaria de la FGR en Colima y esposa de un elemento de la Marina, lo que ha llevado a la autoridad a investigar una posible conexión entre ambos casos y una red criminal relacionada con aduanas marítimas.
Guerrero Alcántar había sido comisionado desde enero de 2021 para supervisar aduanas marítimas bajo control de la SEMAR, en el marco de la estrategia federal contra la corrupción y el contrabando. En menos de un año, según audios y documentos revelados por Aristegui Noticias en febrero de 2026, detectó una presunta red de huachicol fiscal (contrabando de combustible con evasión masiva de impuestos) que involucraba sobornos millonarios, transferencias irregulares y entregas directas de efectivo por parte de mandos navales.
El contralmirante denunció el esquema en junio de 2024 ante el entonces secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, en una reunión grabada de la que se difundió un audio de 19 minutos. En la conversación se escucha a Guerrero detallar nombres como el capitán Julián Manuel Otáñez Calza y vínculos con familiares de altos mandos (incluidos sobrinos políticos de Ojeda, los vicealmirantes Manuel y Fernando Farías Laguna). Ojeda planteó dos opciones: “O destapamos todo esto… o tratamos de cerrarlo aquí”, frase que ha sido interpretada como sugerencia de encubrimiento.
Posteriormente, Guerrero Alcántar escribió una carta-manuscrito con detalles de la red y la presentó también al nuevo secretario, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, poco después de que asumiera el cargo en octubre de 2024. Solicitó licencia y vacaciones del 4 al 25 de noviembre, reportando sus destinos (incluido Manzanillo), y fue asesinado precisamente el último día de ese periodo.
La SEMAR ha señalado que no cuenta con el audio en sus archivos y que colabora con la FGR en las investigaciones. Algunas fuentes indican que tras el crimen se aplicaron bajas administrativas a elementos navales vinculados. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado investigaciones contra exfuncionarios como Ojeda por este caso.
La FGR mantiene abierta la carpeta de investigación, con indicios de que el homicidio está ligado directamente a las denuncias de corrupción en aduanas. El caso ha reavivado cuestionamientos sobre la protección a testigos clave, la efectividad del control militar en puertos y la profundidad de las pesquisas contra el huachicol fiscal, un delito que genera pérdidas millonarias al erario.
La muerte de Guerrero Alcántar —considerado por periodistas como “el testigo más valioso” de la trama— sigue sin responsables detenidos, mientras la opinión pública exige respuestas claras: ¿fue una ejecución por saber demasiado? La verdad, hasta ahora, permanece en el silencio de las balas.
