Detención del presunto segundo tirador en el caso Colosio pasa desapercibida: “Pareciera una cortina de humo” para distraer de la crisis nacional
Ciudad de México, 11 de noviembre de 2025 – La reaprehensión de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto CISEN y señalado como el presunto segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994, ha generado un silencio ensordecedor en el ámbito político y mediático, avivando sospechas de que se trata de una maniobra para desviar la atención de la escalada de violencia en el país, como el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Sánchez Ortega, de 70 años, fue detenido el sábado 8 de noviembre en la colonia Los Reyes de Tijuana por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), según el Registro Nacional de Detenciones. Esta es la segunda vez que enfrenta la justicia por el crimen: en marzo de 1994, fue aprehendido a 15 metros del sitio del atentado en Lomas Taurinas, con manchas de sangre en su chamarra y positivo a la prueba de rodizonato de sodio —que detecta residuos de pólvora—. Sin embargo, fue liberado al día siguiente por falta de pruebas concluyentes, pese a evidencias como testimonios de testigos que lo vieron huir y su rol como infiltrado del CISEN en el mitin de Colosio.
El caso, que acumula 31 años de impunidad y teorías sobre un complot orquestado por poderes fácticos del PRI, resurgió tras investigaciones impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En 2024, la FGR reabrió la línea del “segundo tirador”, reconociendo inconsistencias en la versión oficial que solo involucra a Mario Aburto Martínez, condenado a 45 años. El abogado de Aburto, Jesús González Schmal, celebró la detención: “Estuvo en la conspiración; en el asesinato hubo dos disparos, y ninguno fue de mi cliente”.
Aun así, la noticia ha caído en el vacío. Ni el Ejecutivo federal ni la oposición han emitido pronunciamientos oficiales, y en redes sociales apenas genera ecos aislados. Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato asesinado y actual alcalde de Monterrey, se pronunció brevemente en X (Twitter) solicitando “transparencia total” y recordando su petición de indulto para Aburto en 2022 para “cerrar heridas familiares”. Sin embargo, su llamado no ha trascendido, eclipsado por la polarización actual.
El PRI, a través de su líder Alejandro “Alito” Moreno, denunció la detención como “miserable distractor” de Morena para tapar el “cochinero” de la inseguridad: “Usar la memoria de un priista para cubrir su ineptitud ante el asesinato de Manzo y la narcodictadura es indignante”. Analistas coinciden: en un México marcado por 30 homicidios diarios y reformas judiciales controvertidas, el timing de la captura —justo tras el linchamiento simbólico al gobernador de Michoacán en el funeral de Manzo— huele a “cortina de humo” para desviar el foco de la crisis de violencia y la impunidad cotidiana.
Sánchez Ortega permanece a disposición de un juez federal en Baja California, donde se determinará si se le vincula formalmente al homicidio calificado. Mientras, el caso Colosio —símbolo de la “transición inconclusa” de los 90— revive dudas: ¿justicia tardía o maniobra política en un país que entierra a sus líderes sin respuestas? La FGR promete avances, pero el silencio colectivo sugiere que, para muchos, es solo ruido de fondo en medio del caos nacional.
