Sheinbaum presume salario mínimo histórico… pero el Gobierno le paga menos a casi 300 mil empleados públicos

Ciudad de México, 25 de marzo de 2026. — Miles de trabajadores del Gobierno federal ganan menos del salario mínimo vigente, según reveló un estudio de la UNAM, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum presume los incrementos anuales al salario mínimo general que su administración ha impulsado.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus, casi 300 mil empleados públicos perciben ingresos inferiores al salario mínimo, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo prohíbe expresamente pagar por debajo de este monto.

El dato surge en medio de los anuncios oficiales del Gobierno: el 24 de marzo, durante la mañanera, Sheinbaum destacó el aumento del 13% al salario mínimo general para 2026, que eleva la cuota diaria de 278.80 a 315.04 pesos (aproximadamente 9,582 pesos mensuales). En la Zona Libre de la Frontera Norte el incremento fue del 5%, hasta 440.87 pesos diarios.

La mandataria ha enmarcado estas alzas como parte de una política de “justicia social” y recuperación del poder adquisitivo, que en los últimos siete años acumula un incremento real superior al 154%. Sin embargo, el estudio de la UNAM pone en evidencia que, en la práctica, un número significativo de trabajadores al servicio del Estado —incluidos posibles niveles de base o de confianza en dependencias federales— no reciben ni siquiera el piso legal.

En una conferencia matutina reciente, la propia presidenta reconoció la existencia de estas irregularidades y se comprometió a “corregir todo eso”. “Hay trabajadores que se quedaron con un ingreso menor al salario mínimo, cosa que no debe ser”, señaló, al tiempo que mencionó que se está revisando el Capítulo 1000 del presupuesto (destinado a salarios) y que se evaluará el tema de los trabajadores de confianza y los de menores ingresos.

Expertos y analistas consultados por diversos medios han señalado que este tipo de situaciones pueden deberse a tabuladores rígidos, plazas de confianza sin ajuste automático o rezagos en la homologación salarial tras los incrementos anuales al mínimo. La Constitución y la ley laboral obligan al Gobierno a garantizar que ningún trabajador reciba menos del salario mínimo, por lo que el incumplimiento podría derivar en demandas laborales o amparos.

Hasta el momento, la Presidencia no ha dado a conocer un plazo concreto ni el monto de recursos que se destinarán para regularizar estos pagos. Organizaciones sindicales y de defensa de los trabajadores han exigido una revisión inmediata de los tabuladores del sector público para evitar que el discurso de “primero los pobres” contraste con la realidad de miles de empleados gubernamentales.

El caso revive el debate sobre la brecha entre el anuncio de políticas salariales ambiciosas y su aplicación efectiva en el propio aparato del Estado.