El INE será controlado por Morena: el último clavo en el ataúd de la democracia

Ciudad de México, 21 de abril de 2026. – La Cámara de Diputados se encuentra en la recta final para designar a tres nuevos consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes ocuparán el cargo por nueve años (2026-2035). El proceso, que concluirá previsiblemente este 22 de abril, ha generado fuertes críticas de la oposición y organizaciones ciudadanas, que advierten un riesgo de control total por parte de Morena y sus aliados de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Los puestos que quedarán vacantes corresponden a los consejeros Dania Ravel Cuevas, Claudia Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez, cuyos periodos concluyen en abril. Estos tres perfiles han sido señalados por legisladores de Morena como cercanos a la anterior administración del INE (encabezada por Lorenzo Córdova) y han mantenido posiciones críticas o independientes en diversas resoluciones.

Según múltiples reportes, el Comité Técnico de Evaluación —encargado de seleccionar quintetas de aspirantes— ha sido cuestionado por falta de transparencia y por favorecer perfiles con trayectoria en la actual administración federal, vínculos con Morena o cercanía con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, considerada afín al oficialismo.

Entre los aspirantes que avanzaron destacan nombres con calificaciones altas (incluso de 99/100), pero con menor experiencia consolidada en materia electoral en comparación con otros perfiles eliminados. La oposición (PAN y PRI) ha denunciado opacidad en el proceso, posibles filtraciones y arbitrariedad, mientras que observatorios ciudadanos alertan sobre el riesgo de que los nuevos consejeros respondan más a lealtades políticas que a independencia técnica.

Con la llegada de estos tres consejeros, sumados a los ya considerados cercanos al oficialismo, Morena y sus aliados podrían alcanzar una mayoría en el Consejo General del INE, el máximo órgano de dirección del árbitro electoral. Esto ocurre en paralelo a la discusión del llamado “plan B” de reforma electoral impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Especialistas y analistas han calificado esta renovación como “un clavo más al ataúd de la autonomía del INE” y un paso hacia el control gubernamental del órgano encargado de organizar las elecciones de 2027 y 2030. Por su parte, el oficialismo defiende que el proceso es legal y busca consejeros comprometidos con una “democracia auténtica” y con la austeridad.

La designación requiere mayoría calificada en la Cámara de Diputados. De no alcanzarse, se recurriría a insaculación. Hasta el cierre de esta edición, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ya recibió las quintetas finales y el pleno se prepara para votar.

Este relevo se da en un contexto de recortes presupuestales al INE y reformas que han modificado su estructura, lo que intensifica el debate sobre la independencia del árbitro electoral en México.

La sociedad civil y partidos de oposición han anunciado posibles impugnaciones ante instancias judiciales si consideran que el proceso violó principios de transparencia e imparcialidad.