Montaje con droga y abuso de poder: cómo Layda Sansores tomó control de la Universidad Autónoma de Campeche

La detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, representa uno de los episodios más graves de persecución política y abuso de poder registrados en el sexenio de la gobernadora morenista Layda Sansores San Román. El académico de 73 años, crítico abierto del gobierno estatal y defensor férreo de la autonomía universitaria, fue arrestado el lunes 12 de enero de 2026 por la Policía Estatal Preventiva bajo la acusación de posesión simple de estupefacientes, en un operativo que la defensa califica de montaje y detención ilegal.

Montaje para silenciar a un opositor incómodo

El incidente comenzó con un supuesto reporte ciudadano sobre una camioneta con personas armadas. Tras la revisión —sin orden judicial aparente y con irregularidades procesales denunciadas—, se hallaron bolsitas con polvo blanco en el vehículo oficial de la UACAM, donde viajaban Abud, su esposa y su chofer. No se encontraron armas, pero la Fiscalía General del Estado (FGECAM), dirigida por Jackson Villacís Rosado, procedió con cargos por narcóticos. La comunidad universitaria y la oposición coinciden en que el verdadero móvil fue la negativa del rector a permitir actos proselitistas de Morena en el campus, lo que provocó un choque frontal con Sansores.

Layda Sansores, en su programa Martes del Jaguar, había calificado repetidamente a Abud como “aviador”, “corrupto”, “narcisista”, “cobarde” y “operador de la oposición”. Estas descalificaciones públicas, lejos de ser críticas constructivas, parecen haber pavimentado el terreno para una venganza política. El hijo del rector, Hamid Abud, acusó directamente al equipo de la gobernadora de acoso, hostigamiento y siembra de droga, responsabilizándola del montaje. Analistas y figuras opositoras, como Rubén Moreira (PRI), compararon el caso con prácticas represivas del pasado, donde se usa el aparato judicial para eliminar disidentes.

El Consejo Universitario, secuestrado por el poder

El Consejo Universitario de la UACAM rechazó de inmediato la detención como “profundamente deplorable, injustificado y contraria al espíritu democrático”, exigiendo respeto a la autonomía y la liberación inmediata. Denunciaron intentos de intromisión externa para convocar sesiones alternas y destituir al rector, lo que finalmente ocurrió en la madrugada del martes 13: Abud fue removido y reemplazado por Fanny Guillermo Maldonado, excoordinadora jurídica de la institución, en un proceso cuestionado por su rapidez, su sede alterna y el contexto sospechoso. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) intervino para exigir apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

El abogado defensor, Edwin Trejo, destacó violaciones al debido proceso: la camioneta fue movida sin autorización, la revisión careció de garantías (las bodycams “no tenían batería”, según las autoridades), y no hay evidencia gráfica contundente. Tras la audiencia inicial del miércoles 14, Abud fue liberado bajo medidas cautelares, continuando el proceso en libertad (próxima audiencia el 18 de enero). A su salida, el exrector agradeció el apoyo y reafirmó su compromiso con la libertad universitaria.

Incluso Sheinbaum advierte: no a las vendettas políticas

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que intervenir, solicitando informes a Seguridad y Gobernación y advirtiendo que “no se puede usar la justicia como vendetta política”. Aunque defendió a Sansores afirmando que “ha luchado por la democracia toda su vida”, el señalamiento implícito al abuso en Campeche es evidente.

Este caso expone el patrón autoritario de Layda Sansores: ataques a medios críticos, uso discrecional de la justicia y ahora una embestida contra la autonomía universitaria para imponer control. La detención de Abud no fue un hecho aislado de aplicación de la ley; fue un instrumento para silenciar a un opositor incómodo y colocar a una rectora alineada. En Campeche, la democracia universitaria pende de un hilo mientras la gobernadora prioriza lealtades políticas sobre el Estado de Derecho. La comunidad académica y la sociedad exigen respuestas claras: ¿hasta cuándo se tolerará que el poder estatal se convierta en herramienta de revancha personal?