Gobierno Federal insiste en blindar a Rocha Moya ante el Departamento de Justicia de EE.UU.

En un malabarismo retórico que raya en el cinismo, la presidenta Claudia Sheinbaum intentó minimizar la solicitud de detención urgente de Washington contra el exgobernador sinaloense, escudándose en que "no es un juicio formal".

Ciudad de México.– El libreto de la impunidad y el encubrimiento parece no haber cambiado con el relevo residencial. En un nuevo episodio de complicidad oficial, el Gobierno de México volvió a salir en defensa del polémico exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En esta ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum recurrió a tecnicismos legales para intentar restarle peso a la presión que ejerce el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Al ser cuestionada sobre el vencimiento del plazo de 60 días para que el gobierno estadounidense formalice o sustente la petición de captura, Sheinbaum optó por la evasiva: “No hay plazo. No hay plazo. Habría plazos en el cual un juicio formal de extradición”.

Con esta declaración, el Ejecutivo federal parece más preocupado por ganar tiempo y encontrar vacíos legales para proteger al sinaloense que por esclarecer los graves señalamientos que pesan en su contra desde el extranjero.

El escudo de la "falta de pruebas": La vieja confiable

Para el gobierno de la llamada "Cuarta Transformación", los requerimientos de la justicia estadounidense nunca parecen ser suficientes si afectan a los suyos. Sheinbaum insistió en que la solicitud de Washington es solo una petición de "detención urgente" y volvió a repetir el mantra oficialista de que no se han entregado pruebas que la sustenten.

La realidad detrás del discurso: Exigir pruebas públicas en una etapa de "detención urgente con fines de extradición" es un sinsentido procesal. Este mecanismo internacional se utiliza, precisamente, para asegurar a un sospechoso mientras los expedientes se integran formalmente, evitando que se dé a la fuga. Decir que "no hay pruebas" porque el proceso formal no ha iniciado es una distorsión de la justicia para consumo de la opinión pública.

Preparando el terreno para el rechazo

La propia mandataria dejó entrever cuál será el desenlace de esta historia si el gobierno mexicano mantiene su postura de brazos cruzados. Admitió que su administración podría rechazar la solicitud de detención urgente, pateando el balón hacia adelante bajo el argumento de que Estados Unidos siempre tendrá la opción de iniciar un juicio formal más tarde.

Con esta postura, el Gobierno de México envía un mensaje peligroso:

• Se prioriza el blindaje político de los aliados sobre la cooperación internacional en materia de justicia.

• Se asume una actitud de confrontación pasiva con las agencias estadounidenses que investigan los nexos del poder político con el crimen organizado.

• Se normaliza la opacidad en un caso que mantiene bajo la lupa la credibilidad institucional del país.

Mientras Sinaloa sigue pagando las consecuencias de años de colusión y violencia, en Palacio Nacional se sigue jugando a la semántica jurídica. Defender lo indefendible no solo desgasta la figura presidencial; confirma que, cuando se trata de Rocha Moya, la justicia en México está en pausa indefinida.