En Coahuila se defiende la protección animal: vinculan a proceso a Liliana “N” por el caso Rocky y permanece en prisión preventiva

Saltillo, Coahuila.— La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila obtuvo la vinculación a proceso de Liliana “N”, señalada como presunta responsable del maltrato que sufrió el perro Rocky, un Gran Pirineo de 14 años que fue arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento Villas de San Miguel. El animal falleció la mañana del 22 de julio a causa de un trauma medular agudo.

La detención se concretó el 21 de julio mediante orden de aprehensión, después de más de 48 horas de trabajos de investigación y de campo. Un juez de control determinó que existen datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal y dictó prisión preventiva justificada. Liliana “N” permanecerá recluida en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo mientras se desarrolla la investigación complementaria, fijada en un plazo de tres meses.

El caso se originó el sábado 18 de julio, cuando vecinos grabaron el momento en que Rocky quedó atrapado con una correa enganchada a la parte trasera de la camioneta y fue arrastrado varios metros. El animal fue trasladado de inmediato al hospital veterinario Pets Care, donde se mantuvo en estado crítico hasta su muerte.

La muerte de Rocky agrava la situación jurídica de la imputada. De acuerdo con el Artículo 261 del Código Penal de Coahuila —que reconoce a los animales como seres sintientes—, la pena base por actos de crueldad es de dos a cuatro años de prisión. Al acreditarse la muerte del animal, las penas se duplican, por lo que Liliana “N” podría enfrentar hasta ocho años de prisión en caso de ser declarada culpable, además de multa y el decomiso de cualquier animal a su cargo.

Horas antes de la audiencia, la Agencia de Investigación Criminal detuvo a Jorge “N”, esposo de la imputada, por obstaculización de la investigación y amenazas a la autoridad. Posteriormente obtuvo su libertad bajo reservas de ley.

La FGE habilitó el acceso al expediente clínico de Rocky a médicos veterinarios externos avalados por asociaciones de protección animal, con el fin de confirmar la identidad del can y la correspondencia de las lesiones con los hechos denunciados. También se practica la necropsia con apoyo de Servicios Periciales.

El delegado regional de la Fiscalía, Julio César Loera Ruiz, reiteró la postura de cero tolerancia frente al maltrato animal y recordó que en Coahuila “se aplica todo el peso de la ley sin contemplación alguna”. El caso generó indignación nacional y movilizaciones de activistas que exigen justicia para Rocky.

Con esta actuación, las autoridades coahuilenses envían un mensaje claro: la protección de los seres sintientes no es negociable y las denuncias ciudadanas, respaldadas por pruebas y por el marco legal vigente desde la reforma de 2023, sí derivan en acciones concretas.