Minsa, la Empresa de la Asesora Empresarial de Sheinbaum, Obtiene Contrato Millonario por Adjudicación Directa en Medio de Protestas Campesinas
Ciudad de México, 26 de noviembre de 2025 (Redacción Especial).– En un momento de alta tensión agraria, donde miles de campesinos bloquean carreteras exigiendo mejores precios para el maíz, el gobierno federal adjudicó un contrato por 346 millones de pesos a Minsa, el emporio molinero presidido por Altagracia Gómez Sierra, cercana asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum. La asignación, vía adjudicación directa, ha encendido alertas sobre posibles conflictos de interés en la Cuarta Transformación (4T).
El convenio, otorgado por la Dirección Comercial de Alimentación para el Bienestar (DICONSA), abarca de marzo a diciembre de 2025 y contempla el “Servicio Integral de Transformación de Maíz de DICONSA en Harina de Maíz Nixtamalizada Marca Propia, Así como su Empaque y Suministro” para el Programa de Abasto Rural en su componente “Maíz para Todos”. Justificado por “urgencia en la obtención de la harina para operar el programa y beneficiar a la población vulnerable”, se basa en el Artículo 41, Fracción XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), que permite procedimientos no competitivos en casos excepcionales.
El Rol de Altagracia Gómez: De Heredera a Puente Empresarial
Altagracia Gómez Sierra, de 34 años y originaria de Guadalajara, preside el Consejo de Administración de Grupo Minsa, el segundo productor mundial de masa de maíz con cerca del 20% del mercado nacional y distribución en más de 15 mil tortillerías. Heredera de un imperio familiar valorado en cientos de millones de dólares —incluyendo agroquímicos, bienes de consumo y transporte a través de Promotora Empresarial de Occidente—, Gómez ha emergido como la principal interlocutora de Sheinbaum con el sector privado. Nombrada coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y la Relocalización, participó en la campaña presidencial de 2024 y en acuerdos contra la inflación de la canasta básica.
Su cercanía con la mandataria es pública: Sheinbaum la ha descrito como una “aliada estratégica” en podcasts y foros, destacando su rol en negociaciones con gigantes como BlackRock y Walmart. Gómez, abogada egresada de la Universidad Panamericana y con maestría en Harvard, asumió el liderazgo familiar en 2016 al rechazar la venta de Minsa a una firma estadounidense, argumentando su “relevancia social y política”. Fuentes cercanas al gobierno aseguran que su expertise en la cadena maicera fue clave para el contrato, pero opositores lo ven como favoritismo.
Contraste con la Realidad Campesina: “Sin Maíz, No Hay País”
La ironía es palpable. Mientras DICONSA invierte 346 millones 175 mil 400 pesos en Minsa para abaratar harina subsidiada, productores de maíz en estados como Sinaloa, Sonora y Michoacán protestan por precios por debajo de los costos de producción —alrededor de 5 mil pesos por tonelada, frente a un mínimo de 7 mil demandado—. El 25 de noviembre, bloqueos en la México-Querétaro y la carretera a Guadalajara paralizaron el abasto, con demandas de apoyo al campo y rechazo a importaciones.
“¡Sin maíz, no hay país!”, repite Sheinbaum en sus mañaneras, evocando la soberanía alimentaria. Sin embargo, críticos como el PAN y el PRD cuestionan si el contrato fortalece a un monopolio privado en detrimento de pequeños agricultores. “Es el viejo PRIAN disfrazado: adjudicaciones directas a amigos del poder”, tuiteó el diputado panista Jorge Triana, vinculándolo a un patrón donde el 65% de los 81 mil contratos federales del primer año de Sheinbaum (octubre 2024-agosto 2025) se dieron por este medio, por más de 566 mil millones de pesos.
Reacciones y Posibles Implicaciones
Palacio Nacional no ha emitido comentario oficial, pero en la mañanera del 26 de noviembre, Sheinbaum defendió las adjudicaciones como “necesarias para la eficiencia y el bienestar”. Analistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) llaman a auditar el proceso, recordando que las directas representan el 80% de contratos en sexenios pasados y elevan riesgos de opacidad.
El caso revive debates sobre el “humanismo mexicano” versus la “mafia del poder” que Morena critica. ¿Beneficio social o tráfico de influencias? La Secretaría de la Función Pública (SFP) podría investigar si se configura conflicto de interés, dado el rol asesor de Gómez. Mientras, Minsa —que negocia precios con presidentes desde hace décadas— se consolida como pilar de la política maicera.
Este escándalo subraya los retos de la 4T en equilibrar soberanía alimentaria con transparencia. Actualizaciones se esperan conforme avance el escrutinio opositor.
