Ruben Rocha Moya retoma la gubernatura de Sinaloa tras 112 días de licencia en medio de tensiones con EE. UU. y deslindes políticos

CULIACÁN, Sin. — Tras 112 días de una ausencia forzada por señalamientos directos de la justicia federal de Estados Unidos, Rubén Rocha Moya reasumió formalmente la gubernatura de Sinaloa este viernes 21 de agosto. Su retorno al Palacio de Gobierno se dio bajo el argumento de que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró elementos constitutivos de delito en su contra; sin embargo, su reincorporación no despeja las dudas de fondo ni disipa la gravedad del expediente judicial que permanece abierto en Nueva York, además de suscitar un evidente deslinde político en la capital del país.

Un retorno blindado en el discurso, pero cuestionado en los hechos

El 1 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia al cargo tras darse a conocer la acusación formulada en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en su contra y de otros nueve exfuncionarios y operadores sinaloenses —entre ellos el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil—.

Al concluir su periodo de 112 días, el mandatario estatal afirmó haber comparecido y cumplido el plazo sin hacer uso del fuero constitucional. Catalogó los señalamientos estadounidenses como «falsos», «políticos» y de carácter «injerencista», asegurando que gobernará hasta el término legal de su mandato el 31 de octubre de 2027.

Tras su llegada, su primera acción operativa fue encabezar una reunión a puerta cerrada con todo su gabinete para retomar la agenda administrativa, movimiento con el cual Yeraldine Bonilla Valverde concluyó su interinato al frente del Poder Ejecutivo y regresó a la Secretaría General de Gobierno.

El expediente de Nueva York: los señalamientos del DOJ

Pese a la postura de inocencia reiterada por Rocha, la acusación federal estadounidense detalla señalamientos sobre la estructura institucional en la entidad:

• Pactos electorales (2021): Según el Departamento de Justicia (DOJ), Rocha se habría reunido previo a los comicios con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán («Los Chapitos»), quienes presuntamente acordaron respaldar su candidatura mediante el robo de urnas, secuestros e intimidación a opositores, bajo la instrucción a las policías locales de no intervenir.

• Control institucional: A cambio del respaldo electoral, el documento señala presuntos acuerdos para otorgar a la facción criminal el control de la Policía Estatal y de áreas estratégicas de procuración de justicia para operar con impunidad.

• Cargos penales y solicitud de extradición: Rocha enfrenta cargos por conspiración para importar y distribuir narcóticos, así como por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos; delitos que conllevan una penalidad mínima de 40 años hasta cadena perpetua, y por los cuales Washington solicitó formalmente a México su detención urgente con fines de extradición.

El choque con la realidad: fosas y colectivos a las puertas de Palacio

Lejos de un retorno triunfal, el mandatario fue recibido en los accesos del Palacio de Gobierno por integrantes del colectivo Madres en lucha por tu regreso a casa, quienes colocaban fichas de personas desaparecidas.

Una de las madres buscadoras confrontó directamente a Rocha Moya para entregarle una carpeta azul con registros de casos positivos y fosas clandestinas localizadas por las familias sin el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda:

«¿Sabe cuántas fosas tenemos en Navolato? Siete fosas por abrir, es una vergüenza lo que está pasando con esta comisión», recriminó la activista.

El gobernador se limitó a responder «esta semana lo checo», entregó la documentación a un asistente y evitó dar declaraciones a la prensa sobre su situación jurídica, remitiendo a su video en redes sociales donde sostuvo que retoma el cargo para «sacar adelante al estado».

El contexto judicial local y el distanciamiento institucional

El regreso de Rocha ocurre en un contexto de creciente tensión en los tribunales locales y federales, marcado por la detención de Fausto Corrales, testigo clave en el homicidio del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y en la presunta sustracción de Ismael «El Mayo» Zambada, imputado por presunto encubrimiento y falsedad de declaraciones.

Paralelamente, la respuesta de las cúpulas federales y partidistas reflejó una distancia estratégica:

1. Palacio Nacional: Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum no encabezó la conferencia matutina por un cuadro gripal, diez días antes ya había anticipado que la reincorporación dependía de «una decisión de él», subrayando que Estados Unidos aún no remitía la información probatoria solicitada.

2. Secretaría de Gobernación (SEGOB): La dependencia que encabeza Rosa Icela Rodríguez emitió un pronunciamiento para recalcar que el retorno respondió «exclusivamente» a una decisión personal de Rocha, recordando que la Cancillería sigue a la espera de las pruebas del DOJ y que la FGR mantiene abiertas las carpetas de investigación sobre los diez personajes señalados.

3. Morena: Tras meses de calificar las acusaciones extranjeras como injerencias, la dirigencia partidista encabezada por Ariadna Montiel emitió una postura en la que afirmó no haber tenido conocimiento previo de la reactivación del mandato y se deslindó formalmente de la determinación.

Con ello, Rubén Rocha Moya reasume la titularidad de Sinaloa en medio del contraste entre su discurso de exoneración interna, la presión territorial de las víctimas de la violencia y un proceso criminal activo en los tribunales de Estados Unidos.