Terremoto político en Paraguay: Santiago Peña renuncia tras el colapso de Ueno Bank y la Cámara de Diputados aprueba su juicio político

PARAGUAY. — En medio de una de las crisis políticas y financieras más severas en la historia reciente del país, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia al cargo a través de un mensaje grabado en video. La dimisión se produjo mientras la Cámara de Diputados debatía un juicio político en su contra tras la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera digital en la que el mandatario poseía intereses comerciales y que mantenía congelados millonarios fondos públicos y de la ciudadanía.

Minutos después del anuncio formal de Peña, la Cámara de Diputados votó por unanimidad (78 votos a favor y ninguno en contra) respaldar el juicio político, sumando el apoyo del propio oficialista Partido Colorado a las fuerzas de oposición. Sin embargo, el futuro del mandatario permanece en vilo: una sesión conjunta del Congreso convocada para tratar su renuncia quedó sin cuórum tras el abandono de legisladores oficialistas, por lo que Peña continúa formalmente en el cargo mientras el Senado define si acepta su dimisión o avanza con su destitución.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas [...]. Si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, expresó Peña durante su pronunciamiento.

El detonante: El colapso de Ueno Bank

La tormenta política escaló de manera vertiginosa esta semana cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el proceso de resolución y cierre de Ueno Bank. Las auditorías del ente regulador revelaron que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido a causa de irregularidades financieras y la concesión de créditos de alto riesgo a empresas vinculadas a sus propios accionistas.

El colapso de la institución —que contaba con 2.9 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes— dejó a miles de ahorristas sin acceso a sus recursos. Además, el banco custodiaba cerca de 850 millones de dólares en fondos públicos, de los cuales unos 380 millones corresponden al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de administrar los fondos de salud y pensiones de los trabajadores paraguayos.

Hasta marzo de 2025, el presidente Peña poseía participaciones en la matriz corporativa de la entidad. Las sospechas de un conflicto de intereses y la cooptación de organismos reguladores —incluyendo la designación del expresidente de la entidad como titular del BCP— detonaron protestas masivas en las calles de la capital, Asunción.

Acciones judiciales y pulso en el Congreso

A la par del proceso legislativo, la Fiscalía General de Paraguay confirmó la inclusión de Peña en tres causas penales abiertas en torno a la gestión y supervision de Ueno Bank. El Ministerio Público investiga a exfuncionarios e integrantes del entorno presidencial; a la fecha, ocho ejecutivos de la entidad bancaria han sido detenidos.

El mandatario solicitó al Senado una prórroga de 72 horas para preparar su defensa frente al expediente acusatorio de 15 páginas y 300 folios de anexos. Por su parte, sectores de la oposición y manifestantes exigen que la destitución concluya vía juicio político y no mediante la aceptación de la renuncia, a fin de evitar que Peña acceda automáticamente al cargo de senador vitalicio y al fuero parlamentario que le otorga la Constitución.

En caso de concretarse la salida definitiva del jefe de Estado, la línea de sucesión constitucional establece que el vicepresidente Pedro Alliana asumirá la Presidencia de la República para completar el periodo de gobierno hasta agosto de 2028.