Reforma Electoral 2026: Omisión flagrante ante la infiltración del narco en elecciones, pese a detenciones como la del alcalde de Tequila

Ciudad de México – 27 de febrero de 2026 — La propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por Morena y aliados no incluye ninguna disposición específica para sancionar o prevenir la incursión del crimen organizado en los procesos electorales, a pesar de casos emblemáticos como la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, y múltiples señalamientos de políticos vinculados al narcotráfico.

La iniciativa, revelada recientemente en el Congreso, se centra en ajustes al Instituto Nacional Electoral (INE), reducción de consejeros, cambios en fiscalización, posible eliminación del PREP y otras medidas técnicas, pero omite por completo mecanismos para combatir el financiamiento ilícito del narco, la imposición de candidatos por grupos criminales o la captura de gobiernos locales y estatales por parte del crimen organizado.

Esta omisión contrasta con la realidad documentada: el 5 de febrero de 2026, en la “Operación Enjambre” coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue detenido Diego Rivera Navarro, alcalde morenista de Tequila, Jalisco, acusado de extorsión a empresas tequileras y cerveceras, junto con presuntos nexos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El caso se suma a al menos 13 alcaldes señalados o procesados por vínculos con el crimen organizado durante la administración Sheinbaum, según reportes de medios como El Sol de México y Reforma.

Oposición y analistas han calificado la ausencia de sanciones como una “simulación” o incluso una “puerta abierta” a la narcopolítica. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, declaró que “el principal problema de la democracia mexicana es la intervención del crimen organizado: el dinero del narco financia candidaturas y controla gobiernos”. Exigió sanciones severas, como pérdida de registro de partidos y nulidad de elecciones contaminadas, condiciones que la propuesta oficial no contempla.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados (PAN), insistió en que cualquier reforma debe priorizar “que el crimen organizado saque las manos de las elecciones”, evitando que pague campañas o se sienta dueño de diputados, alcaldes y gobernadores. Legisladores de PAN, PRI y MC anunciaron su rechazo a la reforma por no abordar este riesgo, alertando incluso sobre el uso de “acordeones” y la formalización de prácticas que debilitan la fiscalización.

Expertos advierten que, en un contexto de violencia post-abatimiento de “El Mencho” y narcobloqueos, la omisión en la reforma electoral agrava el daño al estado de derecho y a la democracia. Sin herramientas legales para vetar candidatos con antecedentes, investigar financiamiento ilícito o anular procesos infiltrados, el crimen organizado podría consolidar su influencia en el poder público.

Hasta el momento, ni la Presidencia ni Morena han respondido a las críticas sobre esta grave laguna. La oposición exige que la discusión incluya medidas concretas contra la narcopolítica antes de cualquier aprobación. De lo contrario, advierten, la reforma no fortalecerá la democracia, sino que podría facilitar su erosión por el crimen organizado.

Fuentes: Reforma, Proceso, Infobae, El Informador, PAN.org.mx, declaraciones de Ricardo Anaya, Kenia López Rabadán y reportes de la SSPC.