Plantea Sheinbaum que Ejército, FGR y UIF vigilen riesgos a la seguridad nacional en inversión extranjera

CIUDAD DE MÉXICO.— En una medida que profundiza la militarización administrativa y eleva las alarmas entre analistas económicos por posibles barreras al capital privado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para que el Ejército, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tengan injerencia directa en la aprobación o bloqueo de inversiones extranjeras en México.

La propuesta traslada la supervisión económica y de adquisiciones corporativas hacia el terreno de la seguridad nacional, ampliando el margen de discrecionalidad estatal sobre sectores clave para la atracción de inversiones.

El argumento oficial: Seguridad nacional como filtro de capitales

En la exposición de motivos, el Ejecutivo federal argumenta que las facultades actuales de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) resultan insuficientes, al centrarse primordialmente en el impacto sobre el empleo, la retención de capitales y el desarrollo nacional.

Bajo la justificación de "prevenir amenazas", la iniciativa busca establecer un monitoreo estricto sobre la compra de sociedades mexicanas por parte de firmas internacionales:

“Permitirá asegurar que las acciones y medidas que se impongan cumplan el objetivo de impedir la ocurrencia de actos que vulneren la seguridad nacional e impedir aquellas adquisiciones que la pongan en riesgo, atendiendo a una evaluación integral de las mismas”, señala el documento oficial.

Nuevos actores en la mesa de decisiones económicas

El proyecto plantea modificar la estructura de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para incorporar formalmente a mandos de seguridad e inteligencia:

• Con voz y voto: Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

• Con voz, pero sin voto: Fiscalía General de la República (FGR), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con el Ejecutivo, esta integración técnica busca que los inversionistas conozcan con "mayor certeza jurídica y transparencia" los supuestos bajo los cuales se detonaría una revisión. No obstante, analistas advierten que supeditar la viabilidad de negocios civiles al criterio de cuerpos castrenses y fiscales podría generar incertidumbre regulatoria y desacelerar la relocalización de empresas (nearshoring).

Sectores clave que quedarán bajo escrutinio

El catálogo de áreas sujetas a esta fiscalización abarca prácticamente la totalidad de la economía moderna, la industria pesada y la tecnología de punta:

• Infraestructura y energía: Sector energético, transporte, comunicaciones, minería, terrenos e inmuebles estratégicos, almacenamiento de energía nuclear y cuántica.

• Tecnología y datos: Ciberseguridad, almacenamiento y procesamiento de datos, sistemas digitales, inteligencia artificial, robótica, semiconductores y tecnologías espaciales.

• Salud e industria sensible: Sanidad, nanotecnología, biotecnología e instalaciones de defensa aeroespacial.

La iniciativa presidencial fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventual dictaminación en comisiones.