“Bajo ataque”: Estudio de la Universidad de Berkeley revela persecución, espionaje a 337 periodistas y defensores asesinados en el sexenio de AMLO
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley (HRC, por sus siglas en inglés) publicó los resultados de una exhaustiva investigación que sostiene que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (diciembre de 2018 – septiembre de 2024) se registró una campaña de persecución sistemática contra la prensa y activistas, caracterizada por la violencia física, el espionaje digital y la estigmatización desde el poder.
Violencia letal e impunidad casi absoluta
En el informe titulado “Bajo ataque: Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México”, el HRC documentó un total de 337 asesinatos en el sexenio, una cifra sustancialmente mayor a los registros previos de otras organizaciones civiles:
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78 periodistas asesinados.
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259 defensores de derechos humanos y activistas ambientales asesinados.
El reporte destaca que estos homicidios no fueron hechos aislados, sino la cara más visible de una violencia estructural donde la tasa de impunidad se mantuvo entre el 93% y el 99%. Lindsay Freeman, directora de Responsabilidad Internacional del centro, afirmó que los comunicadores y activistas "fueron tratados como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder". Estos periodistas y defensores, informaban sobre la delincuencia, la corrupción y los abusos del Estado.
Cinco mecanismos de agresión coordinada
La investigación de Berkeley concluye que las agresión a los comunicadores operó mediante cinco vías interrelacionadas:
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Estigmatización desde las conferencias matutinas: El estudio analizó con apoyo de IA más de 1,400 ruedas de prensa donde identificó 2,827 ataques dirigidos hacia la prensa y activistas. Entre ellos, 2,150 descalificaciones directas, más de 1,000 acusaciones de mentir, casi 400 de conspiración y más de 1,500 adjetivos peyorativos como "fifís".
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Espionaje digital gubernamental: A pesar de las negativas oficiales, el informe forense digital confirmó que un centro de inteligencia militar de la SEDENA empleó el programa Pegasus (de NSO Group), la herramienta Geomatrix (de Rayzone) y equipos Cellebrite UFED para extraer e interceptar comunicaciones de periodistas y activistas sin autorización judicial.
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Campañas de acoso en línea: Redes coordinadas vinculadas al entorno gubernamental para hostigar a críticos del régimen.
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Abuso de procesos legales: Demandas y acciones represivas de funcionarios para desgastarlos judicialmente.
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Impunidad estructural: La falta sistemática de castigo funcionó como una garantía explícita de que agredir a la prensa no conlleva repercusión alguna.
De querella ante la CPI a evidencia pública
La indagatoria partió de los 6 terabytes de archivos filtrados de la SEDENA por el grupo Guacamaya en septiembre de 2022. La intención inicial del Centro de Derechos Humanos de Berkeley era presentar el expediente ante la Corte Penal Internacional (CPI) bajo la figura de delito de persecución regulado en el Estatuto de Roma.
Sin embargo, ante las dificultades legales derivadas de sanciones del gobierno estadounidense contra la CPI, el organismo optó por liberar de forma abierta la plataforma. Ésta incluye 75 expedientes de casos detallados, organigramas de los aparatos de seguridad mexicana y bases de datos con identidades de las víctimas.
Como conclusión, los autores de la investigación subrayan el trasfondo de estos hallazgos y advierten sobre las implicaciones jurídicas que el caso mexicano tiene a nivel global:
"Cuando un grupo civil es identificado públicamente como enemigo por el jefe de Estado, vigilado por la inteligencia militar, acosado por redes vinculadas al Estado, demandado por funcionarios gubernamentales y, posteriormente, asesinado o desaparecido sin consecuencias, los incidentes dejan de parecer una serie de delitos aislados para asemejarse a una única conducta dirigida contra un grupo específico en función de sus creencias o actividades. Según el derecho penal internacional, este tipo de campaña selectiva podría constituir persecución", subraya “Bajo ataque: Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México”.
