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Vinculan a proceso a Gerardo Vargas, exalcalde morenista, por desempeño irregular de la función pública en Sinaloa

CULIACÁN, SINALOA. — La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó sobre la vinculación a proceso del exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, junto a siete servidores públicos más integrantes del Comité de Adquisiciones del municipio, por su probable responsabilidad en los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.

A través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la autoridad ministerial precisó que la investigación se centra en presuntas irregularidades cometidas durante la administración municipal que Vargas Landeros encabezó en el periodo 2021-2024. Cabe recordar que, apenas el mes pasado, el exedil se había registrado en el proceso interno de Morena para contender por la Coordinación en Defensa de la Cuarta Transformación.

Irregularidades en contrato de cobro predial

De acuerdo con los datos integrados en la causa penal 1106/2026, los hechos se remontan al 27 de enero de 2022. En esa fecha, los imputados presuntamente avalaron, a través de una adjudicación directa, un contrato de prestación de servicios con un despacho privado para llevar a cabo gestiones correspondientes a la recuperación del impuesto predial en el municipio de Ahome.

Entre los funcionarios vinculados al caso figuran Cecilia “N” y Judith Elena “N”, quienes fungían como síndica procuradora y regidora, respectivamente. A ambas se les dictó como medida la suspensión temporal de sus funciones públicas.

Medidas cautelares y plazo de investigación

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control determinó imponer medidas cautelares a los imputados, entre las que destacan la firma periódica mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) y la prohibición expresa de abandonar el país sin previa autorización judicial.

Asimismo, la autoridad jurisdiccional fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público y la defensa aportarán las pruebas definitivas antes de dar paso a la siguiente etapa procesal.


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