¡Atención, Monterrey! Denuncian cobro ilegal del Predial; incrementos de hasta 42% carecen de validez

MONTERREY, NUEVO LEÓN. – La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local lanzó una advertencia a las familias regiomontanas: el aumento al Impuesto Predial aplicado por la administración del alcalde Adrián de la Garza es, presuntamente, ilegal.

De acuerdo con la fracción naranja, el municipio está aplicando cobros con incrementos que oscilan entre el 20% y el 42% desde este 1 de enero de 2026, una medida calificada como un "abuso" y una arbitrariedad legislativa.

El vacío legal: ¿Por qué denuncian que es ilegal?

Sandra Pámanes, coordinadora de Movimiento Ciudadano, explicó que la administración priista omitió los procedimientos obligatorios establecidos en los artículos 21 y 22 de la Ley de Catastro.

La legisladora detalló que el municipio intentó valerse de una actualización enviada en 2024 para el ejercicio fiscal 2025, pero al no haberse aplicado el año pasado, el decreto perdió vigencia.

"Para aplicar la actualización este año, debieron solicitarla nuevamente al Congreso para el Ejercicio Fiscal 2026. Al no hacerlo, el cobro es irregular", sentenció Pámanes.

Falta de transparencia y aviso ciudadano

La bancada emecista acusó al Ayuntamiento de Monterrey de actuar de manera "sigilosa" para evitar el escrutinio público y legislativo. Según Pámanes, el municipio apostó a que los ciudadanos no notarían el aumento en sus recibos al momento de realizar el pago anual.

Puntos clave de la denuncia:

• Incremento arbitrario: Alzas de hasta el 42% sin nuevo decreto aprobado.

• Falta de procedimiento: No se envió la solicitud al Congreso en octubre de 2025, como marca la ley.

• Opacidad: Ausencia de previo aviso a los contribuyentes sobre el cambio en los valores catastrales.

Llamado al amparo ciudadano

Ante lo que consideran una "arbitrariedad", la fracción naranja señaló que este cobro irregular abre la puerta para que los ciudadanos afectados puedan recurrir al amparo legal.

Movimiento Ciudadano aseguró que no permitirá que se vulnere la economía de los regiomontanos mediante procesos fuera de la ley, por lo que el tema será llevado al pleno del Congreso para exigir cuentas a la administración de De la Garza.