El Gobierno de México gasta miles de millones en médicos cubanos y sueldos bajos para los médicos mexicanos
Ciudad de México — El Gobierno de México ha destinado al menos 2 mil 19 millones de pesos (equivalentes a más de 105 millones de dólares) al programa de contratación y despliegue de médicos cubanos en el país entre 2022 y 2025, de acuerdo con datos oficiales obtenidos y revisados en transparencia del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).
El gasto incluye pagos tanto en pesos como en euros a empresas mexicanas y a la entidad estatal cubana Comercializadora de Servicios Cubanos, S.A., como contraprestación por los servicios médicos, así como contratos millonarios para hospedaje, alimentación, transporte y otros servicios logísticos.
La controversia pública se ha intensificado porque no existe claridad sobre cuánto de ese dinero llega directamente a los profesionales de la salud y cuánto se queda en las arcas del régimen cubano, que administra los pagos a través de empresas estatales. El IMSS mismo ha reconocido desconocer detalles sobre el destino final de los recursos asignados.
Críticas por salarios y financiamiento al régimen cubano
Organizaciones y legisladores han cuestionado la política gubernamental, al sostener que se trata de una forma indirecta de financiamiento al gobierno de Cuba, cuya práctica de “misiones médicas” en el exterior ha sido señalada por expertos internacionales como explotación laboral.
La contratación de médicos cubanos —que actualmente suman más de 3,000 especialistas distribuidos en diversas entidades del país— ha generado además protestas de sectores médicos mexicanos. Estos sectores sostienen que el costo por mantener a estos profesionales en México puede superar los 100 mil pesos mensuales por médico si se consideran todos los rubros de gasto, mientras que los médicos mexicanos cobran salarios significativamente menores.
Hasta ahora no hay cifras oficiales precisas y actualizadas sobre los salarios netos que perciben los médicos cubanos en México. El modelo de contratación, que los clasifica como “colaboradores externos” en lugar de empleados directos, ha dificultado la fiscalización y el acceso público a esos datos.
Posturas encontradas
El gobierno federal ha defendido la política como una herramienta para atender el déficit de personal médico en zonas rurales y comunidades marginadas donde las autoridades no han podido cubrir vacantes con profesionales mexicanos. Sin embargo, críticos señalan que la falta de transparencia y la magnitud del gasto alimentan percepciones de opacidad y financiamiento indirecto de un régimen con antecedentes de control sobre el salario y la movilidad de sus médicos enviados al extranjero.
La asignación presupuestal y los contratos alrededor de este programa podrían convertirse en un punto central de debate en el próximo periodo legislativo, mientras que la sociedad civil exige una rendición de cuentas más clara y una revisión de prioridades en el gasto público destinado a la salud.
