Derroche millonario: Más de 600 millones de pesos tirados a la basura por el fracaso de la elección judicial 2025
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló un despilfarro significativo en la organización de la elección judicial extraordinaria del 1 de junio de 2025: el Instituto Nacional Electoral (INE) gastó 775 millones 174 mil 800 pesos en la impresión de aproximadamente 600 millones de boletas electorales, de las cuales el 86.8% terminaron destruidas por la bajísima participación ciudadana, lo que equivale a un desperdicio de 672 millones 130 mil pesos del erario público.
Según el informe de la ASF, este monto se perdió debido a la impresión excesiva de papeletas —obligatoria por ley para cubrir el padrón nominal completo de casi 100 millones de electores— y a la abstención masiva que caracterizó el proceso. La participación ciudadana apenas alcanzó entre el 12.57% y 13.32% del listado nominal, con alrededor de 13 millones de votantes en una jornada que se promocionó como “histórica” por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que opositores y analistas han calificado como un rotundo fracaso democrático y financiero.
El costo total de la elección judicial rondó los 7 mil millones de pesos (el INE solicitó inicialmente 12 mil mdp, pero fue recortado y complementado parcialmente por Hacienda). Con esa participación tan baja, el gasto por voto emitido se disparó a cifras entre 583 y 619 pesos por elector —cuatro veces más que en las elecciones presidenciales y legislativas de 2024 (alrededor de 146-206 pesos por voto) y hasta seis veces más que en la revocación de mandato de 2022.
La ASF detectó además irregularidades en los contratos de impresión y ha ordenado abrir al menos cuatro procedimientos de responsabilidad contra funcionarios involucrados, por posibles sobreprecios o falta de transparencia en la adjudicación a Talleres Gráficos de México.
Expertos y opositores, como exconsejeros del INE y dirigentes partidistas, han señalado que este derroche refleja no solo la complejidad de un proceso inédito (con 881 cargos en disputa y miles de candidatos), sino también la falta de interés real de la ciudadanía en elegir jueces, magistrados y ministros por voto directo. La reforma judicial impulsada por Morena y aprobada en 2024 prometía “democratizar” el Poder Judicial, pero el resultado ha sido una jornada con confusión generalizada, alto abstencionismo y un costo exorbitante para el erario.
Mientras el gobierno federal defiende el ejercicio como un paso inédito hacia la democracia, críticos lo ven como un experimento fallido que costó miles de millones y no logró legitimar el cambio estructural en el Poder Judicial. La ASF continúa las investigaciones para determinar si hubo negligencia o irregularidades mayores en el manejo de estos recursos públicos.
