Proceso contra Consejeras del INE por Revocación de AMLO: ¿Justicia Tardía o Persecución Política Selectiva?
Ciudad de México, 23 de septiembre de 2025 – El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Víctor Hugo Carvente Contreras –un funcionario percibido como alineado con Morena–, ha reactivado un procedimiento administrativo contra las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala por su voto en 2021 para suspender temporalmente la revocación de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión, notificada cuatro años después de los hechos y en pleno arranque de reformas electorales impulsadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, levanta serias sospechas de que se trata de una persecución política disfrazada de accountability, dirigida contra voces críticas al régimen anterior.
La denuncia original, presentada en diciembre de 2021 por Sergio Gutiérrez Luna –entonces presidente de la Cámara de Diputados por Morena–, acusaba a seis consejeros de obstruir la consulta por falta de presupuesto. Aunque la vía penal fue abandonada rápidamente, el proceso administrativo hibernó hasta febrero de 2025, justo cuando el panorama político se calienta con propuestas para reformar el INE y el Tribunal Electoral. ¿Coincidencia? Críticos como el PAN y el PRI lo dudan, argumentando que esta reactivación selectiva –solo contra Ravel y Zavala, las únicas aún en funciones– huele a revancha contra quienes se opusieron a las presiones del Ejecutivo en su momento.
Un Voto Responsable Convertido en Delito Administrativo
Recordemos: el 17 de diciembre de 2021, el Consejo General del INE votó por suspender la revocación ante un recorte presupuestal de mil millones de pesos aprobado por la mayoría morenista en el Congreso. Los consejeros, incluyendo a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y otros, argumentaron que era una medida para garantizar un proceso eficiente, no una sabotaje. El Tribunal Electoral revocó la suspensión días después, y la Suprema Corte validó la realización exitosa de la consulta en abril de 2022, donde López Obrador obtuvo un abrumador apoyo. Si el ejercicio fue “eficaz” según la SCJN, ¿por qué perseguir ahora a las consejeras por una decisión colegiada y fundada?
Ravel, en un comunicado, no ocultó su indignación: “Cuatro años después, y con la revocación ya realizada, me notifican un proceso por algo que fue responsable”. Zavala secundó, cuestionando el timing. Los exconsejeros, libres de notificaciones, podrían ver esto como un mensaje intimidatorio a los actuales integrantes del INE, especialmente en un contexto donde Morena impulsa cambios que podrían diluir la autonomía electoral. ¿Es esto justicia o un intento por silenciar disidencias?
Sombras de Persecución en un Entorno Político Enrarecido
El rol de Carvente Contreras, con presuntos lazos a Morena, añade leña al fuego. Opositores ven en este caso un patrón de lawfare –el uso del sistema judicial para perseguir adversarios políticos–, similar a lo denunciado en otros países latinoamericanos. López Obrador, quien en 2021 desestimó la vía penal para no dar “excusas”, ahora ve cómo su legado se traduce en procesos que podrían inhabilitar a consejeras clave. En medio de las mañaneras de Sheinbaum, donde se defienden reformas que cuestionan la independencia del INE, este procedimiento parece un golpe preventivo contra instituciones que resistieron presiones presidenciales.
Si el objetivo era fortalecer la democracia participativa, ¿por qué no se actuó en tiempo real? La tardanza sugiere motivaciones políticas: castigar a quienes no se alinearon con el obradorismo, erosionando la confianza en el INE justo cuando se debate su futuro. La ciudadanía, que participó en la revocación sin mayores incidentes, merece transparencia, no vendettas administrativas que debilitan la democracia.
Las consejeras anunciaron que se defenderán, y el caso podría escalar al Tribunal de Justicia Administrativa. Pero el daño está hecho: este proceso no solo cuestiona la imparcialidad del OIC, sino que alimenta la percepción de que en México, la justicia electoral se usa como arma partidista. ¿Hasta cuándo toleraremos que la autonomía del INE sea rehén de rencores políticos?
