Morena arma 2027 con coordinadores bajo sospecha.

Morena ya tiene diez coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. El cargo no aparece en la boleta, pero en la práctica es la precandidatura a las 17 gubernaturas de 2027. El partido dice que los eligió por encuesta. No publica esas encuestas. En Quintana Roo y Zacatecas los simpatizantes de los perdedores gritaron “fraude”. El PT se ausentó de varios anuncios. Y varios de los nombres que quedaron arrastran señalamientos que la dirigencia decidió no convertir en filtro.

Baja California: Julieta Ramírez

Julieta Ramírez Padilla, 31 años, senadora con licencia, recibió el nombramiento el 15 de septiembre. Llegó con porras. También llegó con dos frentes abiertos.

El primero es un reportaje de N+ Focus: un documento la ubica como firmante de un acuerdo preliminar de colaboración —proffer agreement— con la fiscalía del condado de San Diego. Según esa versión, aceptaba sentarse con fiscales y agentes federales de Estados Unidos a ofrecer información; cualquier beneficio lo decidiría la fiscalía “previa entrega de mi información”. Otras notas agregaron que cruzaba a San Diego con un pasaporte marcado como informante y que un exfiscal de Baja California habría servido de puente.

Ramírez negó haber firmado nada, pidió que exhiban el papel y habló de campaña de desprestigio. Ariadna Montiel la cubrió: “Yo le creo”. Un senador de la bancada amenazó al periodista que dio seguimiento al caso. La oposición llevó el episodio al pleno.

El segundo frente está en su estructura. Rubén Eduardo Sandoval Chávez, operador territorial suyo y delegado de Bienestar en Tecate, se declaró culpable en corte federal de California por 951.2 kilos de marihuana ocultos en un tráiler que cruzó de Tijuana. Cumplió 30 meses de prisión federal. Después se integró al equipo de Ramírez. Él admite la sentencia y dice que las notas son un golpe político por apoyarla.

El periodista Luis Chaparro la ha señalado como operadora de una estructura de narcopolítica. Aclara que no tiene prueba de que ella se haya sentado con un cártel. También ha dicho que no tiene visa vigente y que cruzaría bajo un esquema de colaboración. En junio, The New York Times escribió que una decena de funcionarios electos mexicanos —varios de Morena— se han acercado a autoridades de Estados Unidos para hablar de otros políticos. El diario no la nombró. El clima, sí, es el mismo.

Hasta hoy no hay sentencia mexicana ni retiro del partido.

Guerrero: Beatriz Mojica

Beatriz Mojica Morga, senadora con licencia, quedó coordinadora el 14 de septiembre. En 2018 era secretaria general del PRD y respaldaba a Ricardo Anaya. Le preguntaron si se sumaría a López Obrador. Respondió: “Nunca. No comparto las visiones autoritarias”. Dijo que AMLO “se ha autoexcluido”.

Ocho años después agradeció a López Obrador el reconocimiento a los pueblos afromexicanos, juró lealtad a su legado y ofreció trabajo a Claudia Sheinbaum. El nombramiento dejó fuera a Esthela Damián, el perfil más cercano a Palacio, y reforzó al grupo de Evelyn y Félix Salgado. Abelina López, alcaldesa de Acapulco, lo llamó crónica de una muerte anunciada. El PT no se presentó.

Michoacán: Carlos Torres Piña

El mismo día, Morena y el Verde nombraron al exfiscal Carlos Torres Piña. Fue secretario de Gobierno. Es el hombre de Alfredo Ramírez Bedolla. Dejó fuera a Raúl Morón, el senador que en 2021 perdió la candidatura porque el INE le canceló el registro por no reportar gastos.

El partido presume números “históricos” contra la impunidad en su paso por la Fiscalía. Torres pidió licencia como fiscal para competir, se vendió como hombre de diálogo y advirtió de “intromisión extranjera” en la elección michoacana. No hay, en lo publicado, una carpeta personal comparable a la de Ramírez o a la de Campeche. El dato político es otro: el fiscal de casa hereda al gobernador en un estado con historial de violencia y captura institucional.

Los otros nombres que conviene anotar

Santiago Nieto, Querétaro. Dirigió la UIF de 2018 a 2021. Renunció dos días después de que se conociera su boda en Antigua, Guatemala. A un invitado le retuvieron 35 mil dólares en efectivo sin declarar. López Obrador lo llamó escandaloso. Lo han denunciado por presunto lavado ligado a empresas del cuñado; él dice que las sociedades son de 2017 y que no es él el investigado. En Hidalgo lo acusaron de pedir tres millones de pesos para frenar una acción penal. Lo niega. En Morena local lo ven como perfil externo con desgaste.

Verónica Díaz Robles, Zacatecas. Fue esposa de Luis Enrique Monreal, hermano del gobernador David y de Ricardo y Saúl. El día del anuncio gritaron “fuera el monrealismo” y “fraude”. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción documentó que, como delegada federal, autorizó adjudicaciones directas de combustible a una empresa señalada por vínculos con esa familia. Saúl Monreal pidió aplicar la regla anti-nepotismo porque hay hijos Monreal Díaz. David Monreal niega imposición y habla de proceso ejemplar. El PT no fue.

Imelda Castro, Sinaloa. El partido la presenta como ruptura con Rubén Rocha Moya, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con otros funcionarios por presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa. Castro no se deslinda: “No meto las manos a la lumbre por nadie”. El tribunal electoral estatal le confirmó una infracción por promoción personalizada.

Pablo Gutiérrez Lazarus, Campeche. Expanista, alcalde con licencia de Ciudad del Carmen, protegido de Layda Sansores. Hay denuncias por peculado y desvío que rebasan 600 millones de pesos, querellas del IMSS por más de 360 millones en retenciones no enteradas, deuda de ISR y una orden de aprehensión de 2021 que no se ejecutó ya con Sansores en el gobierno. En el cabildo que le dio licencia la porra fue: “Son pablistas, no morenistas”.

Eugenio “Gino” Segura, Quintana Roo. Cercano a Mara Lezama. Sus rivales gritaron fraude. Horas después de instalar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional —22 meses sin integrarse— pidió licencia al Senado para irse al proceso interno. El instituto electoral local ordenó retirar 71 bardas con su imagen.

Nora Ruvalcaba, Aguascalientes, se registró antes de que la Permanente le aprobara la licencia senatorial. Lleva tres derrotas en el estado. Rosi Bayardo, Colima, exalcaldesa de Manzanillo, afín a la gobernadora; las quejas por actos anticipados las desechó el tribunal local.

El patrón

No todos cargan lo mismo. Ramírez es el único de los ya nombrados con un reportaje que habla de acuerdo de colaboración con fiscales de Estados Unidos y con un operador sentenciado por narcotráfico en corte federal estadounidense. Mojica cargó un “nunca” a AMLO y ahora le jura lealtad. Torres Piña es continuidad del poder local. Díaz y Gutiérrez Lazarus son familia, botín y denuncias patrimoniales. Nieto es la UIF que él mismo dirigió y una boda que rompió el discurso de austeridad. Castro convive con un gobernador acusado en Washington.

Lo común: el partido aceptó registros con denuncias y escándalos, no transparenta las encuestas y presenta estos cargos como “organizativos” para adelantar la carrera sin llamarla campaña. Las personas señaladas niegan. La dirigencia cobija. Las carpetas, cuando existen, no se resuelven en público. El calendario, sí: 2027 ya empezó.