El patrón se repite: La presidenta interina Blanca Cruz también entregó contrato de 129.7 MDP a red favorecida por Taddei

CIUDAD DE MÉXICO.— En medio de la severa crisis de credibilidad que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE), tras la renuncia de Guadalupe Taddei, emergen nuevos señalamientos sobre la red de contrataciones favorecidas.La recién nombrada presidenta provisional del organismo, Blanca Yassahara Cruz García, también otorgó un millonario contrato a una empresa vinculada a José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor clave de la exconsejera presidenta.

De acuerdo con registros oficiales, en julio de 2022 —durante su gestión como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE)— Cruz García firmó un contrato por 129.7 millones de pesos a favor de Comercializadora JVLY. Dicha compañía comparte representante legal con Formas Finas, otra de las firmas pertenecientes a la red de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Alertas de la ASF por posible daño al erario

La contratación cobra relevancia tras la revisión de la Cuenta Pública por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual detectó un posible daño patrimonial por 63.2 millones de pesos en un contrato otorgado por el INE a Comercializadora JVLY, al no acreditarse la entrega total del material electoral contratado y registrarse la dispersión de fondos hacia otras ocho empresas.

Asimismo, las inspecciones físicas realizadas por la ASF revelaron que el domicilio fiscal registrado por Comercializadora JVLY no correspondía a sus instalaciones, sino a la sede del proveedor Formas Finas y Materiales.

Un patrón recurrente en los OPLEs y la llegada al INE

El caso de Cruz García se suma a una serie de contrataciones otorgadas a las empresas de la familia Hernández Casillas por parte de funcionarios de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), quienes posteriormente ascendieron a cargos de alta responsabilidad en el INE bajo la gestión de Guadalupe Taddei:

• Iliana Araceli Hernández: Siendo secretaria ejecutiva del Instituto Electoral de Oaxaca, asignó en marzo de 2024 un contrato por 32.4 MDP a Formas Finas; más tarde fue nombrada directora ejecutiva de Capacitación Electoral del INE.

• Claudia Arlett Espino: Como presidenta del Instituto Electoral de Chihuahua, otorgó en 2021 un contrato por 33.8 MDP a Cajas Graf (de José Alfredo Hernández Casillas). Posteriormente se desempeñó como secretaria ejecutiva del INE.

• Guadalupe Taddei: Como titular del órgano electoral de Sonora, entregó 46.8 MDP a Cajas Graf, y a su llegada a la presidencia del INE nombró como director de Administración a quien fuera representante de dicha empresa.

Blanca Cruz asumió la presidencia provisional del INE tras ser designada como consejera electoral por la Cámara de Diputados en abril y luego de la dimisión de Taddei, presionada por señalamientos de presuntos actos de corrupción,conflictos de interés y la difusión de imágenes en reuniones privadas con el propio Hernández Casillas.

Promesa de apertura en un Consejo General bajo tensión

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General en la que rindiós protesta, Blanca Cruz aseguró que no habrá impedimentos para las indagatorias sobre la gestión saliente:

"Ninguna autoridad competente debe encontrar obstáculos en el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus atribuciones. Desde esta presidencia provisional instruimos a todas las áreas institucionales competentes a proporcionar la información, documentación y a colaborar para que se hagan las investigaciones", aseveró Cruz García.

Pese al mensaje de apertura, el ambiente en el pleno reflejó el impacto del escándalo. El consejero Uuc-Kib Espadas advirtió que el instituto recibe un golpe severo a su credibilidad, señalando que los señalamientos de medios de comunicación como Latinus "exhiben la complicidad entre el poder y el capital que corrompe a las instituciones".

A su vez, el consejero Martín Faz subrayó que la renuncia de Taddei no la exime de responsabilidades administrativas o penales, mientras que los representantes de partidos de oposición (PRI y PAN) señalaron que la salida de la exconsejera no representa un borrón y cuenta nueva, pues las investigaciones sobre los contratos dirigidos y la red de funcionarios involucrados continúan abiertas.