La Censura del Bienestar: cuando el “acoso” y la “violencia política” se convierten en censura.

Ciudad de México, 12 de marzo de 2026 — En los últimos meses, varios fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y tribunales locales han sancionado a ciudadanos, activistas y periodistas por expresiones críticas hacia figuras políticas, principalmente vinculadas a Morena, bajo la figura de violencia política en razón de género (VPG). Estos casos han desatado un intenso debate nacional sobre los límites entre la protección a las mujeres en la esfera pública y posibles abusos que restringen la libertad de expresión y la privacidad.

Uno de los episodios más recientes y polémicos ocurrió en Sinaloa: la activista y funcionaria estatal María Emma Zermeño López fue sancionada por la Sala Regional Guadalajara del TEPJF (expediente SG-JDC-17/2026) tras criticar en conversaciones privadas de WhatsApp a la diputada local con licencia de Morena, Almendra Negrete Sánchez (actual secretaria de Diversidad Sexual del partido a nivel nacional). Un supuesto amigo de Zermeño entregó capturas de pantalla a la diputada, quien presentó denuncia por VPG. Inicialmente, el Tribunal Electoral de Sinaloa desechó el caso por tratarse de diálogos privados e informales, pero la Sala Regional revocó la decisión en febrero de 2026, considerando válidas las pruebas y acreditando violencia simbólica. La sanción incluye disculpas públicas, posible compensación económica y medidas cautelares. Organizaciones como Artículo 19 y Defensa Electoral han alertado que esto viola el artículo 16 constitucional (inviolabilidad de comunicaciones privadas) y genera un precedente peligroso para opiniones en chats personales.

En paralelo, en Chihuahua, el activista Miguel Alfonso Meza Carmona (presidente de Defensorxs A.C. y expositor de nexos narcopolíticos en su plataforma) enfrenta sanciones similares (procedimiento PES-420/2025). Meza publicó información de dominio público sobre Silvia Rocío Delgado García —exabogada del cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán, según amparos y referencias judiciales—, quien ganó una elección judicial en 2025 para ser jueza penal. Delgado lo denunció por VPG; el TEPJF ordenó borrar publicaciones, ofrecer disculpas y registrarlo por 180 días en el padrón de agresores por razones de género. Meza ha declarado públicamente que no acatará la sentencia, calificándola de “censura política” para proteger figuras favorecidas por la reforma judicial. El caso ha sido señalado en proposiciones de punto de acuerdo en el Senado, como la presentada por la senadora Lilly Téllez (PAN), quien expresó preocupación por restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión.

Estos no son aislados. En 2025, se documentaron patrones similares:

• En Sonora, la ciudadana Karla Estrella fue multada y obligada a disculparse por 30 días en redes tras criticar posible nepotismo de la diputada Diana Karina Barreras (esposa de un líder morenista), bajo acusación de VPG.
• En Campeche, el periodista Jorge González fue inhabilitado y procesado por “delito de odio” tras denuncias de la gobernadora Layda Sansores.
• Periodistas como Héctor de Mauleón y Ángel Camarillo enfrentaron demandas por reportajes sobre nepotismo y corrupción en candidaturas morenistas.
• En Puebla, el Congreso local (dominada por Morena) aprobó una ley contra el “ciberacoso” —apodada “Ley Mordaza”— que impone hasta tres años de prisión por insultos en redes.

Organizaciones como Artículo 19 han registrado un incremento en denuncias contra periodistas y críticos (al menos 27 casos en 18 meses hasta 2025, con denuncias cada tres semanas en promedio), muchas bajo VPG. Críticos argumentan que esta figura —creada en 2020 para proteger a mujeres en política de agresiones discriminatorias— se ha convertido en herramienta para silenciar cuestionamientos legítimos, incluso cuando no involucran estereotipos de género. Defensores de las sentencias sostienen que protegen la dignidad de las mujeres en cargos públicos y combaten discursos degradantes.

La senadora Lilly Téllez ha calificado estos fallos como “de terror”, advirtiendo que generan autocensura y miedo a criticar autoridades. El debate se intensifica en un contexto de mayoría oficialista en el Congreso y la reforma judicial de 2025, donde se cuestiona la independencia de instancias como el TEPJF.

Hasta el momento, el TEPJF no ha emitido comentarios oficiales sobre un patrón sistemático, y algunos casos siguen en impugnación ante la Sala Superior. Expertos en derechos humanos llaman a revisar los criterios para evitar que la VPG se desvirtúe y afecte derechos constitucionales como la libertad de expresión (artículo 6) y la privacidad.