Consulta pública: 82.2% rechazó los lineamientos de audiencias por considerarlos un instrumento de censura

Ocho de cada diez personas que participaron en la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias se pronunciaron en contra. El análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre los 8,889 comentarios recibidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) revela un rechazo mayoritario: 82.2% en contra, 9.7% a favor, 6.1% con postura matizada y 2% sin posición definida.

La consulta estuvo abierta del 27 de julio al 21 de agosto de 2026. El sitio de la CRT no ofreció buscador, filtros ni un recuento público de las opiniones. Por eso la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI capturó y clasificó todos los comentarios. Del total, 7,307 fueron de rechazo.

El argumento más repetido —en dos de cada tres comentarios, el 66%— es que el proyecto equivale a censura, aunque el texto oficial no use esa palabra. Participantes escribieron frases como “es censura disfrazada” o “solo veo una clara intención de creación de una herramienta de censura”. La segunda preocupación (34.2%) aparece en primera persona: nadie pidió que el Estado los “protegiera” de lo que ven o escuchan. “Tenemos el derecho de decidir nosotros mismos”, resume uno de los comentarios.

Otras objeciones frecuentes:

• 24.6% cuestionó que el Estado decida qué es verdad o qué es información descontextualizada.
• 14.8% señaló que la CRT carece de autonomía frente al Ejecutivo y sería juez y parte.
• 11.5% criticó que las obligaciones recaigan sobre concesionarios de radio y televisión, y no sobre la comunicación del propio gobierno. La frase “el gobierno miente y nadie lo evalúa” apareció en 1,026 comentarios.

Además de los comentarios, se anexaron 271 documentos (2,523 páginas), entre ellos 48 pronunciamientos de organizaciones civiles, universidades, colegios, cámaras y medios. El más completo, según MCCI, es el de Artículo 19, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Perteneces A.C., firmado por decenas de organizaciones, que incluso propone articulados para que los lineamientos no se conviertan en control editorial.

El proyecto ya había sido bautizado como “ley censura” por especialistas, concesionarios y analistas. Los tres puntos de mayor rechazo son: la facultad del gobierno para calificar información como falsa o descontextualizada; la pretensión de distinguir noticia de opinión sin invadir la línea editorial; y las multas elevadas, a criterio de un órgano dependiente del Ejecutivo y sin un recurso efectivo de defensa.

MCCI recuerda que las consultas no siempre son ejercicios democráticos: en varios casos recientes sirvieron más para legitimar decisiones ya tomadas que para enmendarlas. Queda por verse si esta vez la autoridad tomará en cuenta a quienes participaron e incluso propusieron alternativas, o si —como concluye el análisis— el gobierno solo se escucha a sí mismo.

Fuente: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), 24 de agosto de 2026.