ONU señala grave crisis de desapariciones en México y pide intervención de la Asamblea General

Ciudad de México, 6 de abril de 2026 — El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó un mecanismo excepcional y solicitó que la Asamblea General examine de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México, al concluir que existen “indicios fundados” de que este crimen se ha cometido y sigue cometiéndose como crimen de lesa humanidad.

En una decisión publicada el 2 de abril de 2026 bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité (CED) pidió al Secretario General de la ONU, António Guterres, remitir el caso a la Asamblea General para que considere medidas de apoyo al Estado mexicano en la prevención, búsqueda, investigación, castigo y erradicación de las desapariciones.

El organismo internacional destacó la magnitud de la crisis: más de 130 mil personas registradas como desaparecidas, el hallazgo de alrededor de 4,500 fosas clandestinas con más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos, además de aproximadamente 72 mil restos sin identificar. También mencionó que México concentra el mayor número de “acciones urgentes” por desapariciones forzadas a nivel mundial (819 casos acumulados desde 2012).

El Comité señaló que las desapariciones se han producido mediante ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes regiones y momentos del país. Indicó posibles vínculos o aquiescencia de servidores públicos con el crimen organizado, aunque aclaró que no encontró evidencia de una política federal deliberada para cometer estas desapariciones.

Entre las fallas identificadas destacan:

• Insuficiencia en las estrategias de búsqueda e identificación forense.
• Impunidad generalizada.
• Falta de investigación efectiva de la posible responsabilidad estatal.
• Insuficiente protección a familiares y buscadores de desaparecidos.

El Comité pidió cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para fortalecer las operaciones de búsqueda, análisis forense e investigaciones exhaustivas.

Reacción del gobierno mexicano

El gobierno de México rechazó firmemente el informe del Comité, calificándolo de “tendencioso”, “parcial” y “falto de rigor jurídico”. A través de un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, afirmó que el documento omite los avances institucionales logrados desde 2018, como la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y reformas legislativas en coordinación con colectivos de familiares.

“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, subrayó la administración federal, y lamentó que el Comité no haya considerado la información actualizada proporcionada por el Estado.

Posicionamientos divididos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también cuestionó el informe, argumentando que carece de análisis histórico y minimiza los esfuerzos recientes. En contraste, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) valoró la decisión de la ONU como una oportunidad para fortalecer una política integral de Estado contra las desapariciones, con mayor participación de las familias.

Organizaciones de la sociedad civil y familiares de desaparecidos han recibido con preocupación el pronunciamiento, considerándolo un llamado de atención histórico sobre la gravedad de la crisis que persiste en el país desde hace más de 18 años.

Esta es la primera vez que el Comité contra la Desaparición Forzada activa este procedimiento excepcional con respecto a México. Se espera que en las próximas semanas la Asamblea General de la ONU discuta el tema y defina posibles medidas de apoyo internacional.