El escudo federal para Rocha Moya, una protección que genera más dudas que certezas

Culiacán, Sinaloa – 5 de mayo de 2026. En medio de las graves acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y sus facciones “Los Chapitos”, el Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum ha decidido otorgar protección de la Guardia Nacional al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Una medida que, lejos de disipar sospechas, alimenta la percepción de un blindaje político a un funcionario señalado por narcotráfico.

Según declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la propia presidenta Sheinbaum, el Servicio de Protección Federal asignó un equipo reducido de escoltas tras una “evaluación de riesgo” rutinaria. Curiosamente, no fue Rocha quien lo solicitó: fue una “recomendación” del propio Gabinete de Seguridad. No hay “indicios” de amenazas específicas, admiten las autoridades, pero sí se justifica por la violencia en Sinaloa y el reciente cargo del exgobernador.

¿Protección estándar o cortina de humo? Mientras el Gobierno federal insiste en que no tenía “sospechas” previas de las investigaciones estadounidenses y que siempre hubo coordinación en materia de seguridad, los hechos pintan un panorama incómodo. Rocha Moya pidió licencia temporal para “defenderse”, permanece en Sinaloa sin fuero constitucional y ahora cuenta con resguardo federal en un estado donde, por su propio reconocimiento en informes previos, la delincuencia organizada sigue generando “problemas muy serios”.

La crítica es inevitable: en un país donde miles de ciudadanos enfrentan la violencia sin que el Estado les brinde ni la mínima protección, destinar recursos federales —Guardia Nacional incluida— a resguardar a un exgobernador acusado de proteger a capos del narco resulta, en el mejor de los casos, prioritario en exceso. En el peor, un mensaje de impunidad. ¿Por qué tanta diligencia para proteger a Rocha y tanta tibieza ante las extradiciones o las demandas de justicia?

Sheinbaum ha enfatizado que se trata del “trato que se da a todos” los exfuncionarios. Sin embargo, el timing es revelador: las acusaciones de Washington por conspiración para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina llegaron hace días, y la respuesta mexicana no ha sido endurecer la investigación interna, sino asignar escoltas. García Harfuch incluso descartó cualquier obstrucción previa en Sinaloa, pese a que el propio Rocha ha admitido que la batalla contra el crimen no está ganada.

Esta decisión no solo genera desconfianza en la sociedad sinaloense, cansada de balazos y extorsiones, sino que tensiona aún más las relaciones con Estados Unidos, que exige resultados concretos en la lucha contra el fentanilo. Proteger al señalado mientras se exige “pruebas sólidas” para cualquier acción legal proyecta una imagen de selectividad preocupante.

El Gobierno Federal tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, incluyendo exfuncionarios. Pero cuando esa protección se percibe como un escudo ante acusaciones internacionales de narco-colusión, la pregunta incómoda queda en el aire: ¿a quiénes está protegiendo realmente el Estado mexicano? A la ciudadanía de Sinaloa, que sufre la violencia, o a uno de sus principales exrepresentantes ahora bajo el reflector de la DEA y la justicia estadounidense.

La opacidad en el número exacto de elementos asignados y la ausencia de detalles sobre la “evaluación de riesgo” solo profundizan la crítica. En un sexenio que prometió transformación y combate a la corrupción, este caso pone a prueba la credibilidad: ¿prioridad a la ley o prioridad a la lealtad política? Los sinaloenses y los mexicanos merecen respuestas claras, no más escoltas.