Coahuila endurece medidas contra deudores alimentarios: Proponen nuevos "candados" legales
SALTILLO, COAHUILA. – Con el objetivo de garantizar que niñas, niños y adolescentes reciban el sustento que les corresponde por ley, la diputada Luz Elena Morales Núñez presentó una iniciativa integral para frenar la evasión de las obligaciones alimentarias en la entidad.
La propuesta busca reformar diversos ordenamientos para que los deudores no puedan ocultarse tras trámites burocráticos o cambios de domicilio.
Registro estatal y nacional: Sin escapatoria
Uno de los puntos medulares de la iniciativa presentada por la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado es la vinculación obligatoria del Registro Estatal de Deudores Alimentarios con el Nacional.
Con esto se pretende que, si un deudor cambia su residencia a otro estado del país, su historial lo siga, impidiendo que la movilidad sea una herramienta para evadir su responsabilidad económica.
Reducción de plazos y nuevos requisitos
La reforma plantea cambios significativos en los tiempos de denuncia y en los trámites civiles diarios:
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Denuncias más rápidas: Se propone disminuir a solo 60 días el plazo para promover una denuncia e inscribir al deudor en el registro del Poder Judicial (actualmente se requieren de tres a seis meses).
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Trabas en compra-venta: Se involucra a los notarios públicos para que impidan procesos de compra o venta de bienes a personas que aparezcan en el Registro de Deudores.
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Certificado para contraer matrimonio: Quienes deseen casarse deberán presentar un certificado de dicho registro, con el fin de que el futuro cónyuge conozca plenamente los antecedentes del interesado.
Un compromiso con la niñez
Luz Elena Morales explicó que el espíritu de esta reforma es fortalecer el acceso oportuno y efectivo a los derechos alimentarios. La iniciativa contempla modificaciones a cuatro leyes fundamentales:
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Ley de la Familia.
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Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas.
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Ley del Notariado.
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Ley del Registro Civil.
“El objetivo es que los deudores alimentarios no evadan su responsabilidad y que el cumplimiento de las obligaciones a favor de los hijos sea efectivo”, señaló la legisladora.
