Estados Unidos intensifica investigación contra gobernadores y funcionarios de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado
Washington / Ciudad de México, 4 de junio de 2026 — El gobierno de Estados Unidos investiga a varios gobernadores y altos funcionarios mexicanos del partido Morena por presuntos nexos con el crimen organizado, según reveló el diario Los Angeles Times este 3 de junio. Los casos más destacados involucran a Alfonso Durazo Montaño (Sonora) y Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas), pero se suman otros señalamientos contra figuras como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, la diputada federal Hilda Araceli Brown y el diputado Ricardo Mejía Berdeja, entre otros.
De acuerdo con fuentes anónimas citadas por el periódico, a varios de ellos les fueron revocadas sus visas estadounidenses en el marco de indagatorias penales. Sin embargo, algunos continúan ingresando a territorio norteamericano bajo el permiso especial “Significant Public Benefit Parole”, usado frecuentemente para cooperantes en investigaciones.
Los casos específicos
- Alfonso Durazo (gobernador de Sonora): Investigado por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
- Américo Villarreal (gobernador de Tamaulipas): Bajo investigación principalmente por huachicol fiscal (contrabando y evasión en combustibles) y posibles conexiones con redes criminales.
- Marina del Pilar Ávila Olmeda (gobernadora de Baja California): Su visa fue revocada en 2025. Las versiones la vinculan indirectamente a través de su expareja, Carlos Torres Torres, señalado por presuntos nexos con el Cártel de los Rusos (facción del Cártel de Sinaloa). La gobernadora ha negado tajantemente cualquier vínculo con el crimen organizado.
- Hilda Araceli Brown (diputada federal de Morena, exalcaldesa de Playas de Rosarito): Señalada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. y vinculada presuntamente al Cártel de Sinaloa. Devolvió voluntariamente su visa y ha afirmado: “Que me investiguen, nada van a encontrar”.
- Ricardo Mejía Berdeja (diputado federal del PT, ex subsecretario de Seguridad): Forma parte de la lista ampliada de investigados. EE.UU. le retiró la visa por presuntos vínculos con grupos criminales en Sinaloa y Tamaulipas. Niega las acusaciones.
- Brighite Granados (dirigente de Morena en Chihuahua): Confirmó la cancelación de su visa, aunque lo atribuyó a una infracción de tránsito de hace 10 años en Texas, no a investigaciones penales.
Este panorama se suma al caso más avanzado de Rubén Rocha Moya (gobernador con licencia de Sinaloa), acusado formalmente junto con otros nueve funcionarios por conspiración para traficar fentanilo con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Reacciones
Los señalados han rechazado las versiones. Durazo y Villarreal niegan los señalamientos y afirman que la información carece de fuentes verificables. Marina del Pilar calificó las acusaciones como “totalmente falsas”. La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado estas acciones como “injerenica” en asuntos internos y posible “interferencia electoral” de cara a 2027. “Que se ocupen de sus problemas”, ha señalado.
La administración de Donald Trump mantiene una línea dura contra los cárteles mexicanos y sus presuntos facilitadores políticos en el contexto de la crisis de fentanilo.
Contexto
Esta escalada marca una tensión inédita en la relación bilateral. Analistas consideran que Washington busca mayor colaboración de México en seguridad, mientras el gobierno mexicano exige pruebas concretas y defiende la soberanía.
La información del Los Angeles Times, basada en fuentes cercanas a las investigaciones, continúa en desarrollo. Hasta el momento, no todos los casos han derivado en cargos públicos formales. El tema genera fuerte polarización política en México.
