Escándalo en la 4T: Altagracia Gómez, la asesora presidencial, acumula contratos millonarios para su familia mientras el campo clama por justicia

Ciudad de México, 9 de diciembre de 2025 – En medio de las protestas de productores agrícolas que exigen mejores precios para el maíz, se revela que Minsa Industrial, empresa propiedad de la familia de Altagracia Gómez Sierra –presidenta del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) y asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum–, ha obtenido contratos por cientos de millones de pesos con el gobierno federal. Este caso ha generado acusaciones de posible conflicto de interés y opacidad, contrastando con el discurso de austeridad y equidad de la Cuarta Transformación (4T).

Altagracia Gómez Sierra, abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y presidenta del Consejo de Administración de Grupo Minsa –un importante productor de harina de maíz nixtamalizada para tortillas–, forma parte del círculo cercano de Sheinbaum desde la campaña presidencial de 2024. Su rol dual como empresaria y asesora ha suscitado críticas, especialmente en un contexto donde los agricultores de estados como Sinaloa, Michoacán y Morelos mantienen bloqueos en carreteras federales para demandar un precio de garantía superior a los 6,500 pesos por tonelada, argumentando que los costos de producción superan los pagos actuales.

Historial de contratos con el gobierno federal

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), Minsa acumuló 853 contratos con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex, ahora Alimentación para el Bienestar-Diconsa) por un total de 369 millones de pesos, con un promedio anual de alrededor de 123 millones. Estos contratos, en su mayoría por adjudicación directa o invitación restringida, se destinaron principalmente a suministros de harina de maíz para tiendas comunitarias a nivel estatal.

En 2025, bajo el gobierno de Sheinbaum, los contratos se han incrementado notablemente. El 6 de marzo, Diconsa adjudicó directamente a Minsa un contrato por hasta 346 millones 175,400 pesos, vigente hasta el 31 de diciembre, para transformar hasta 60,000 toneladas de maíz en harina nixtamalizada de marca propia (en costales de 20 kg), incluyendo maquila, empaque, flete y distribución a 61 bodegas en 13 estados como parte del programa “Maíz para Todos”. Este contrato se suma a otros, totalizando más de 500 millones de pesos en el año, según revisiones de plataformas como Compranet. Sin embargo, Minsa ha anunciado recientemente la cancelación de un contrato adicional por 64 millones de pesos, y la presidenta Sheinbaum confirmó la cancelación de otro, argumentando que no existe conflicto de interés ya que Gómez no recibe salario gubernamental y solo actúa como asesora voluntaria.

En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Minsa atribuyó variaciones en sus ventas a “participación ordinaria en concursos”, pero analistas y medios independientes señalan opacidad en las adjudicaciones directas, que representaron la mayoría de los acuerdos. Datos de Compranet indican que, entre 2021 y 2025, Minsa ha acumulado alrededor de 1,400 contratos por más de 700 millones de pesos, casi todos con Diconsa.

Contraste con la crisis agraria

El caso surge en un momento de tensión social: por varios días, organizaciones como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y productores de Sinaloa han mantenido bloqueos en carreteras, puentes internacionales y casetas, exigiendo precios justos para el maíz –símbolo de la soberanía alimentaria mexicana– ante un oligopolio que controla gran parte del almacenamiento y procesamiento. Los agricultores denuncian que empresas como Minsa y Gruma (Maseca) compran maíz a precios bajos (alrededor de 4,000-5,000 pesos por tonelada) mientras la tortilla se vende hasta en 27 pesos por kilo, y critican las importaciones de maíz transgénico de Estados Unidos, contradictorias con la retórica anti-OMC de la 4T.

Líderes campesinos de Sinaloa, epicentro de la producción maicera, acusan a figuras como Gómez de priorizar intereses corporativos, beneficiando a su familia mientras los productores enfrentan pérdidas. En redes sociales, hashtags como #CorrupciónDelMaíz y #AltagraciaGómez han acumulado miles de interacciones, con videos virales contrastando el lujo asociado a Gómez con la pobreza rural. Analistas predicen que este episodio podría erosionar la imagen de la 4T como defensora del agro, especialmente con elecciones intermedias en 2027.

¿Conflicto de interés o proceso ordinario?

La Presidencia ha defendido a Gómez como una “aliada en la relocalización industrial” que no participa en decisiones de contratación y no cobra salario, negando cualquier corrupción. Sheinbaum ha enfatizado que el contrato se canceló hace meses y que solo dos empresas (Minsa y Maseca) dominan el mercado de harina de maíz. Opositores como el PAN y MC exigen auditorías, argumentando que la 4T prometió erradicar el favoritismo y las adjudicaciones directas.

Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentan patrones similares en otros proveedores favorecidos. El caso no es aislado: reportes indican que conglomerados como los de la familia Miguel Bejos o Carlos Slim han acumulado miles de millones en contratos federales. Mientras, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, ha anunciado precios de garantía, pero los productores insisten en que no resuelven el control oligopólico.

Hasta el cierre de esta edición, ni Gómez ni Minsa han emitido declaraciones adicionales más allá de la cancelación anunciada. La pregunta persiste: ¿priorizará la 4T la soberanía alimentaria o los intereses de grandes empresas?