Diputados de Morena impulsan reforma para limitar el efectivo en México

En un movimiento que abre un intenso debate sobre la privacidad, el control fiscal y el equilibrio institucional en el país, la mayoría oficialista de la 4T en la Cámara de Diputados aprobó en lo general —con 330 votos a favor y 122 en contra de la oposición— el dictamen que busca restringir el uso de dinero en efectivo e imponer un nuevo marco para los pagos digitales y electrónicos.

Mientras el bloque gobernante defiende la medida como un paso hacia la inclusión financiera y la modernización, sectores de la oposición alertan sobre un preocupante sesgo de sobre-regulación fiscal y un severo golpe a la autonomía del Banco de México (Banxico).

La apuesta de la 4T: control fiscal, CURP e identificación digital

El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (Morena), sostuvo que la reforma facilitará los trámites financieros a través de un esquema gradual y de menor costo, aunque reconoció la delicada línea que existe en el manejo masivo de datos personales:

"Se trata de una nueva ley de vanguardia e innovadora que propone ampliar y facilitar el uso de los pagos digitales mediante una implementación gradual... Concentrar información de esta naturaleza exige garantías sólidas; la innovación no puede avanzar a costa de la privacidad."

Los ejes técnicos del proyecto consideran:

• Validez de la CURP Digital: Se legaliza como identificación oficial de plena confianza para contratar servicios financieros en línea.

• Expediente Digital Ciudadano: Creación de un repositorio de datos del usuario con el mismo valor legal que los documentos físicos.

• Infraestructura de cobro: Promoción de transferencias, códigos QR y tecnología NFC (cobro por contacto).

Sin embargo, el dictamen deja abiertos interrogantes clave respecto a la viabilidad técnica en un país donde una amplia proporción de la población opera en la informalidad y depende exclusivamente del efectivo para sus transacciones diarias.

Las alertas: discrecionalidad de Hacienda y vacíos de infraestructura

La oposición volcó sus críticas en dos frentes principales: la falta de claridad operativa y el otorgamiento de facultades extraordinarias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para decidir dónde y cuándo restringir el papel moneda.

El diputado Homero Niño de Rivera (PAN) reprochó la falta de reglas claras y la concentración de poder en el Ejecutivo:

"Lo que pretenden es que le dejemos manga ancha a la Secretaría de Hacienda para que, sin criterios definidos, decida en cualquier momento ampliar y definir cuáles son estos sectores estratégicos."

Por su parte, la diputada Claudia Ruiz Massieu (Movimiento Ciudadano) advirtió que la medida transgrede el artículo 28 constitucional, quitándole a Banxico su facultad exclusiva sobre la circulación monetaria:

"La Ley Monetaria dispone que los billetes tienen poder liberatorio ilimitado... ¿Y qué propone el dictamen? Que sea la Secretaría de Hacienda quien decida en qué sectores esos billetes ya no van a poderse usar. Este dictamen vulnera una auténtica conquista constitucional, la autonomía del Banco de México."

A la incertidumbre jurídica se suma la falta de precisiones presupuestales y logísticas: el dictamen no detalla qué autoridades o entidades asumirán los costos de distribuir e instalar las terminales de cobro e infraestructura tecnológica necesarias para que los pequeños comerciantes y usuarios de a pie puedan adaptarse al nuevo esquema.