La Suprema Corte ahuyenta la inversión en México al avalar el congelamiento de cuentas por la UIF sin orden judicial, advierte el presidente de Coparm

Ciudad de México, 21 de abril de 2026 — La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que valida la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin previa orden judicial genera incertidumbre jurídica y eleva el riesgo para los inversionistas nacionales e internacionales, según alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El pasado 6 de abril de 2026, el Pleno de la SCJN resolvió, por mayoría de 6 votos contra 3, que el bloqueo de cuentas procede cuando la UIF cuente con “indicios suficientes” de posible vinculación con operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo. Esta decisión, derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, valida el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito y abandona el criterio anterior de la Corte, que requería mayor control judicial previo.

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, ha señalado que esta medida administrativa y preventiva, aunque busca fortalecer el combate al lavado de dinero, afecta directamente la certeza jurídica y la confianza para invertir en el país. “Cuando una autoridad puede restringir activos sin control judicial previo, se afecta la percepción de riesgo y se debilita el Estado de derecho”, advirtió el líder empresarial.

Según Coparmex, un bloqueo de cuentas —incluso cautelar— puede impedir el pago de nómina, proveedores o créditos, poniendo en riesgo la viabilidad de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas (MiPymes), así como el empleo. La organización considera que esta resolución genera un “precedente delicado” al permitir afectaciones al patrimonio sin reglas plenamente definidas, lo que eleva el riesgo-país y reduce el interés de los inversionistas.

“La inversión depende de la certeza en el entorno institucional. En México, la certeza jurídica no es opcional: es la base sobre la que se construye la confianza, la inversión y el desarrollo”, enfatizó Coparmex en su comunicado oficial. La confederación exhortó al Poder Legislativo y a las autoridades regulatorias a colmar los vacíos normativos y establecer mecanismos claros que protejan tanto la lucha contra la ilegalidad como la seguridad jurídica de empresas y ciudadanos.

Expertos y legisladores de oposición han coincidido en que el fallo podría impactar la estabilidad económica y han impulsado iniciativas para regular el procedimiento y evitar posibles abusos. Algunos analistas advierten posibles afectaciones al nearshoring y al cumplimiento de compromisos internacionales como el T-MEC, al percibir menor protección a la propiedad privada.

Por su parte, la SCJN ha defendido la resolución argumentando que el bloqueo es una medida preventiva de naturaleza administrativa, orientada a proteger el sistema financiero y cumplir con estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Las personas o empresas afectadas cuentan con derecho de audiencia ante la UIF para reclamar la legalidad de los fondos.

Esta controversia se suma a los debates sobre el equilibrio entre seguridad financiera y garantías constitucionales en México, en un contexto donde el país busca atraer mayor inversión extranjera ante oportunidades regionales.

Coparmex reiteró su llamado a fortalecer el Estado de derecho con reglas claras, transparencia y contrapesos efectivos para garantizar un entorno propicio para el desarrollo económico inclusivo.