Reforma de Paridad de Género en Nuevo León: La Resistencia de Adrián de la Garza a un Avance Histórico
Monterrey, Nuevo León, 14 de septiembre de 2025 – La propuesta de una reforma electoral que obligaría a postular solo mujeres para la gubernatura de Nuevo León en 2027 ha desatado una controversia que pone en el ojo del huracán al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. En lugar de respaldar un paso audaz hacia la paridad de género, De la Garza ha optado por criticar la iniciativa, calificándola como un acto “limitativo” que, según él, vulnera derechos políticos. Sus declaraciones, lejos de mostrar sensibilidad hacia la lucha por la igualdad, han sido interpretadas como un intento de proteger sus propias ambiciones de alcanzar la gubernatura, exponiendo una postura que parece más interesada en mantener el statu quo que en avanzar hacia una representación equitativa.
La reforma, impulsada por organizaciones civiles y apoyada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC), responde a una deuda histórica con las mujeres de Nuevo León, quienes representan más del 50% del electorado, pero apenas han ocupado el 20-30% de las candidaturas en elecciones recientes. La magistrada Saralany Cavazos ha subrayado que, si el Congreso local no actúa, el IEEPC garantizará que la gubernatura y hasta 16 alcaldías sean lideradas por mujeres en 2027. Esta medida busca corregir una desigualdad estructural en un estado donde el poder político ha sido dominado por hombres, pero De la Garza parece más preocupado por su futuro político que por el impacto transformador de la paridad.
En una conferencia reciente, el alcalde priista argumentó que restringir las candidaturas a mujeres limita tanto a los aspirantes como a los ciudadanos, quienes, según él, deberían poder elegir libremente a sus líderes. Sus palabras, sin embargo, han sido recibidas con escepticismo. Críticos señalan que De la Garza, un político con una larga trayectoria en el PRI y aspirante a la gubernatura por la coalición PRI-PAN-PRD, utiliza el discurso de los “derechos ciudadanos” como una cortina de humo para defender su candidatura. En redes sociales, la reforma ha sido irónicamente apodada la “Ley Anti Adrián”, insinuando que el rechazo del alcalde no se basa en principios democráticos, sino en el temor a quedar fuera de la contienda.
Esta no es la primera vez que De la Garza se ve envuelto en controversias que cuestionan su compromiso con la equidad. Durante su gestión como alcalde, organizaciones feministas han señalado la falta de políticas contundentes para combatir la violencia de género en Monterrey, a pesar de que el municipio registra altos índices de feminicidios. Su oposición a la reforma de paridad refuerza la percepción de que el alcalde prioriza su carrera política sobre las demandas de un electorado que exige mayor representación femenina. En contraste, figuras como Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, han capitalizado la discusión sobre paridad para posicionarse como posibles candidatas, mientras De la Garza insiste en un discurso que muchos tildan de anticuado.
El PAN, aliado de De la Garza, ha respaldado sus críticas, acusando al gobierno de Movimiento Ciudadano de orquestar la reforma para favorecer a Rodríguez. Sin embargo, esta narrativa desvía la atención del fondo del asunto: la paridad no es una maniobra política, sino un mecanismo para corregir desigualdades históricas. Expertas como la académica Sofía Ramírez advierten que, aunque la reforma podría enfrentar impugnaciones legales, es un paso necesario para garantizar que las mujeres accedan a espacios de poder. La resistencia de De la Garza, en este contexto, se percibe como una negativa a aceptar un cambio que desafía los privilegios de una élite política masculina.
Mientras el Congreso local debate las reglas electorales, la postura de De la Garza lo coloca en una posición delicada. Su rechazo a la paridad no solo lo aleja de un electorado cada vez más sensible a las cuestiones de género, sino que también pone en duda su capacidad para liderar un estado que demanda inclusión y modernidad. La reforma de 2027 podría ser un parteaguas para Nuevo León, pero para De la Garza, representa una barrera que podría truncar sus aspiraciones. En lugar de adaptarse a los tiempos, el alcalde parece empeñado en aferrarse a un sistema que lo favorece, dejando claro que, para él, la paridad es más un obstáculo personal que un avance colectivo.