Presidenta Sheinbaum impulsa boicot contra TV Azteca: Una clara persecución política disfrazada de “sugerencia”
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2025 – A pesar de las negaciones oficiales, la recomendación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a empresarios y dependencias federales de no anunciarse en TV Azteca representa un evidente acto de persecución política, diseñado para asfixiar económicamente a un medio crítico con el régimen de la Cuarta Transformación. Lo que la mandataria califica como una mera “sugerencia” es, en realidad, una presión autoritaria que viola principios de libertad de expresión y equidad en el gasto público.
En su conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, Sheinbaum insistió en que no se trata de persecución, sino de una decisión basada en “austeridad” y en la supuesta “conducta tendenciosa” de la televisora. “No es persecución política, es una sugerencia que hago a los empresarios. Cada quien es libre de anunciar donde quiera”, declaró, mientras confirmaba que el gobierno federal ha cortado por completo los recursos publicitarios a TV Azteca.
Sin embargo, esta postura es hipócrita y selectiva. La presidenta no oculta su animadversión hacia programas como el noticiero de Javier Alatorre o el matutino de Patricia Chapoy, a los que acusa implícitamente de oponerse a su agenda. “Hay espacios que han tomado partido en contra de nuestro proyecto”, dijo, revelando que el criterio no es técnico, sino ideológico. Esto no es austeridad: es un uso político del erario para castigar disidencias, una táctica heredada de su mentor Andrés Manuel López Obrador, quien ya redujo drásticamente la publicidad oficial a medios opositores.
Evidencia de persecución sistemática
Los hechos hablan por sí solos. Según datos del Portal de Obligaciones de Transparencia, TV Azteca recibió más de 1,200 millones de pesos en publicidad oficial en 2017, bajo el PRI; para 2024, bajo Morena, esa cifra cayó a menos de 80 millones. Esta caída coincide con auditorías fiscales agresivas del SAT contra Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, por adeudos que superan los 60 mil millones de pesos en empresas como Elektra y Totalplay. ¿Coincidencia? Difícilmente: es un patrón de hostigamiento que incluye demandas judiciales y campañas de descrédito en redes oficiales.
Expertos en libertad de prensa, como Article 19, han calificado estas acciones como “censura económica”, argumentando que violan el artículo 6 de la Constitución mexicana, que garantiza la libertad de expresión sin interferencias. “Cuando el gobierno usa el presupuesto como arma, no es sugerencia: es coacción”, comentó un analista anónimo de la organización.
Reacciones y consecuencias
TV Azteca respondió con un comunicado tajante, denunciando “represalias disfrazadas de política administrativa” y defendiendo su independencia editorial. Fuentes internas revelan que la empresa prepara demandas ante la Suprema Corte de Justicia y organismos internacionales como la CIDH, alegando discriminación y abuso de poder.
El sector empresarial, representado por el CCE y Coparmex, guarda un silencio cómplice por temor a represalias similares, pero algunos líderes consultados off the record admiten que la “sugerencia” presidencial equivale a una orden implícita. “Si no obedeces, te conviertes en el próximo objetivo”, dijo un ejecutivo de una firma multinacional.
El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, defendió la medida citando la Ley General de Comunicación Social, pero omite que esta norma exige imparcialidad en la distribución de recursos, no favoritismo hacia medios afines como La Jornada o Canal Once.
Un patrón autoritario
Esta no es una anécdota aislada: el gobierno de Sheinbaum continúa la tradición morenista de estigmatizar a la prensa crítica, etiquetándola como “fifí” o “conservadora” para justificar su marginación. Mientras tanto, medios alineados reciben millonarios contratos, perpetuando un ecosistema informativo sesgado.
La polémica expone la fragilidad de la democracia mexicana bajo la 4T: lo que se presenta como “ética” es, en esencia, un intento de silenciar voces disidentes. Si esto no es persecución política, ¿qué lo es? La sociedad debe exigir transparencia y equidad, antes de que esta táctica se extienda a otros sectores.
