Mineros marchan en varias regiones de México para exigir mayor seguridad ante ola de violencia e inseguridad
– Trabajadores del sector minero, acompañados por familiares, estudiantes y colectivos de búsqueda, realizaron este sábado marchas simultáneas en al menos siete estados del país para protestar por la falta de seguridad que enfrentan en su labor diaria y exigir justicia por el secuestro y asesinato de diez compañeros en Concordia, Sinaloa.
Los contingentes, convocados principalmente por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), se movilizaron bajo la consigna “Los mineros estamos de luto” y el grito unificado “¡Nos faltan 10!”, en referencia a los diez empleados de la empresa canadiense Vizsla Silver que fueron privados de la libertad el 23 de enero de 2026. Cinco de ellos fueron hallados sin vida en fosas clandestinas, mientras que los restantes continúan desaparecidos.
Las protestas pacíficas se llevaron a cabo en estados clave de la actividad minera como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo y San Luis Potosí, con participaciones destacadas también en Guanajuato y otras entidades. En Hermosillo, Sonora, reunieron a cerca de dos mil personas; en Chihuahua, alrededor de 300 mineros marcharon en silencio desde la glorieta del monumento a Pancho Villa hasta el palacio de gobierno.
Los manifestantes denunciaron que la inseguridad ha superado los riesgos inherentes a la extracción minera —como derrumbes o accidentes laborales— para convertirse en una amenaza externa letal. Señalaron la presencia de retenes del crimen organizado en caminos de acceso a yacimientos, extorsiones sistemáticas a empresas y trabajadores, y la ausencia efectiva de patrullajes gubernamentales en zonas serranas.
“Reconocemos los esfuerzos de seguridad que se están haciendo, pero nos damos cuenta de que son insuficientes”, expresó Rubén del Pozo, presidente nacional de la AIMMGM, durante la movilización en Hermosillo. Los mineros rechazaron la versión oficial de que el secuestro en Concordia fue producto de una “confusión” por parte de grupos criminales, y exigieron investigaciones a fondo, localización de los desaparecidos y garantías reales para ejercer su profesión sin temor a represalias.
El sector minero representa aproximadamente el 2.5% del PIB nacional, pero sus trabajadores enfrentan una doble vulnerabilidad: los peligros técnicos dentro de las minas y la violencia del crimen organizado fuera de ellas. “Andamos donde ni siquiera andan patrullas. Hay retenes de los delincuentes, no hay retenes del gobierno”, denunció un minero en Durango.
Las marchas transcurrieron de manera pacífica y concluyeron con ofrendas florales, misas y llamados a las autoridades federales y estatales para reforzar la presencia de seguridad en las regiones mineras. El gremio advirtió que, de no atenderse sus demandas, podrían escalar las movilizaciones en todo el país.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial unificado sobre las protestas ni avances concretos en la investigación del caso de Concordia.
