Corrupción en el INE: chofer de Taddei es apoderado de empresa proveedora investigada por la UIF

Una investigación del diario Reforma reveló que Jonathan Navarrete Torres, chofer de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, figura desde junio de 2023 como apoderado legal de Corporativo Zeg, una de las principales empresas proveedoras de materiales electorales del organismo. La compañía, junto con Cajas Graf, ha recibido contratos millonarios y ha sido objeto de indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El vínculo y la omisión en la declaración

Según registros del Registro Público de Comercio, el 28 de junio de 2023 (acta 64225000P0), Rodolfo Higareda Coen, representante de Corporativo Zeg, otorgó a Navarrete Torres un poder general para pleitos y cobranzas. Con esa facultad podía representar a la empresa ante autoridades federales, estatales y municipales, así como en procedimientos judiciales y administrativos.

Navarrete fue contratado como chofer de Taddei el 15 de abril de 2025, casi dos años después. En su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026 reportó un salario mensual de 45 mil 765 pesos y señaló como empleo anterior el de chofer en Mercedes-Benz. Omitió la representación legal de Corporativo Zeg. En el documento afirmó no tener participación ni cargos de decisión en empresas.

Algunos funcionarios y personal de seguridad consultados por Reforma dijeron no conocerlo y señalaron que no acude a las instalaciones del INE. Su sueldo supera en unos 15 mil pesos el de otros choferes del organismo. El secretario ejecutivo, Roberto Félix, indicó desconocer si Navarrete trabaja en el Instituto y anunció que solicitaría información a la Dirección de Administración. Al cierre de la información, el INE no había emitido una postura formal sobre el posible conflicto de interés.

Las empresas y los contratos

Corporativo Zeg y Cajas Graf, propiedad de los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández (José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas), son las principales proveedoras de materiales electorales (urnas, mamparas, boletas, etc.). Ambas ingresaron al Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio de 2023, dos meses después de que Taddei asumiera la presidencia del organismo (4 de abril de 2023).

En 2023, Jesús Octavio García González fue representante legal de ambas empresas. Posteriormente, Taddei lo nombró director de Administración del INE (cargo que ocupó hasta alrededor de abril de 2026).

Antecedentes de contratos en institutos locales:

• Oaxaca: Iliana Araceli Hernández Gómez (entonces secretaria ejecutiva del instituto local) otorgó un contrato de alrededor de 32 millones de pesos a Corporativo Zeg. Después, Taddei la nombró en cargos del INE (Unidad de Género / Dirección de Capacitación Electoral).
• Chihuahua: Claudia Arlett Espino (entonces presidenta del instituto local) asignó en 2021 un contrato de 33.9 millones de pesos a Cajas Graf. Posteriormente fue secretaria ejecutiva del INE.
• También hay antecedentes en Sonora durante la gestión de Taddei en el instituto local.

Las empresas han sido investigadas: la UIF les bloqueó cuentas por sospechas de lavado de dinero (posteriormente obtuvieron amparos en algunos casos); la ASF las ha señalado por prácticas irregulares; y la Cofece les abrió en 2024 un expediente por posibles prácticas monopólicas en el mercado de materiales electorales.

Investigaciones de autoridades federales (FGR, SAT y UIF) han identificado a Navarrete Torres como presunto testaferro de los dueños de estas empresas. Se investigan esquemas de peculado, fraude, desvío de recursos electorales y licitaciones amañadas, con reportes de anuencia y protección de funcionarios del INE y una relación cercana con Taddei.

Reacción política

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió al Órgano Interno de Control (OIC) del INE investigar las presuntas irregularidades en contratos vinculados a estas empresas y al chofer de Taddei, y deslindar responsabilidades.

Este caso se suma a otros señalamientos previos sobre contratos y nombramientos bajo la gestión de Taddei. Los vínculos documentados, la omisión en la declaración patrimonial y el perfil de las empresas bajo investigación constituyen un claro conflicto de interés y configuran un caso de corrupción en el INE.