Gobiernos de Morena cedieron territorio al narco señalan ciudadanos.

Chilapa de Álvarez, Guerrero – Habitantes de comunidades indígenas de la Montaña Baja denunciaron que los gobiernos de Morena, tanto estatal como federal, cedieron el control territorial al crimen organizado, al abandonar a la población frente a la violencia extrema del grupo “Los Ardillos”.

Desde el 6 de mayo de 2026, las comunidades nahuas de Xicotlán, Tula, Acahuetlán y otras han sido blanco de ataques armados, drones con explosivos y balaceras constantes. Organizaciones indígenas reportan decenas de asesinatos y desaparecidos en los últimos años, con una escalada reciente que ha provocado el desplazamiento forzado de más de 800 familias según denuncias civiles.

“El gobierno de Morena entregó el territorio al narco. Nos han abandonado. Tenemos helicópteros, armas y todo, pero nos dejan solos mientras nos matan”, afirmaron pobladores en videos difundidos en redes, donde algunos llegaron a pedir auxilio internacional.

Los afectados señalan directamente a los hermanos Celso, Bernardo, Jorge Iván y Antonio Ortega Jiménez como líderes de “Los Ardillos”, y denuncian sus presuntos vínculos con la clase política local. Acusan a policías municipales y estatales de colaborar con el grupo, y responsabilizan a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) de protegerlos, junto con la omisión del Ejército y la Guardia Nacional.

Crisis humanitaria y presunta complicidad

La grave crisis de desplazados en Guerrero vuelve a evidenciar las acusaciones de colusión entre autoridades y crimen organizado. Organizaciones indígenas aseguran que los tres niveles de gobierno actúan con complacencia, permitiendo que el narco domine regiones enteras.

Familias completas —niños, mujeres y ancianos— han huido dejando sus casas y pertenencias, generando una emergencia humanitaria con riesgo de desabasto de comida y atención médica.

El gobierno federal informó del despliegue de más de mil elementos de fuerzas federales y estatales en Chilapa, y se habla de una tregua temporal. Sin embargo, los pobladores exigen la detención de los líderes de “Los Ardillos” y protección real, no solo operativos de imagen.

Esta nueva ola de violencia se suma al largo historial de desplazamientos forzados en Guerrero, uno de los estados más afectados por esta crisis en México.

Mientras las autoridades prometen reforzar la seguridad, los desplazados son claros: “No queremos más promesas. Queremos que dejen de proteger al narco y cumplan con su obligación de garantizar la vida y la paz en nuestros pueblos”.

La nota se basa en denuncias directas de las comunidades y organizaciones indígenas, en medio de un contexto de fuerte polarización. Las autoridades estatales y federales niegan cualquier complicidad y atribuyen los hechos a enfrentamientos entre grupos rivales (“Los Ardillos” vs. “Los Tlacos”).