México rechaza respaldar en la OEA exigencia de elecciones y libertad de presos políticos en Nicaragua

En un episodio que vuelve a tensar la coherencia de su diplomacia internacional, el Gobierno de México declinó respaldar la resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que exige la celebración de comicios libres y la liberación incondicional de los presos políticos en Nicaragua. Tras el anuncio explícito del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de anular los procesos electorales e inhabilitar a la oposición por vía constitucional, la diplomacia mexicana se mantuvo al margen, utilizando nuevamente el paraguas doctrinal de la "autodeterminación de los pueblos".

A través de una nota expuesta por su representante permanente ante la OEA, Alejandro Encinas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que la defensa de la democracia no debe violar el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. México fundamentó su postura en la fracción X del artículo 89 constitucional, oponiéndose a que la crisis nicaragüense sea catalogada como una amenaza a la paz y la seguridad hemisférica.

Sin embargo, el argumento mexicano choca directamente con la lógica más básica de la ciencia política y el derecho internacional: ¿cómo se ejerce la autodeterminación de un pueblo si no es a través del voto ciudadano?

Para escudarse y no acompañar la exigencia a la restauración de elecciones ni la liberación de opositores encarcelados y despojados de su nacionalidad, la postura oficial termina equiparando la "autodeterminación del pueblo nicaragüense" con la "autodeterminación de la cúpula gobernante". Si la ciudadanía no cuenta con mecanismos democráticos para manifestar su voluntad en las urnas, la invocación de la libre determinación deja de ser un derecho colectivo y se convierte en una justificación que blinda a un régimen que cerró toda vía pacífica institucional.

Mientras organismos multilaterales y países de la región —entre ellos Colombia, Argentina, República Dominicana y Estados Unidos— coincidieron en la urgencia de establecer un grupo de seguimiento para abrir espacios a una oposición, la abstención pragmática de México reabre la discusión sobre si la política exterior del país actúa bajo un apego constitucional dogmático o bajo una permisividad que termina favoreciendo el autoritarismo.