Rommel Pacheco en el ojo del huracán: acusado de abandonar a los atletas y copiar viejas prácticas en la Conade
Mientras la Conade y el COM se enfrascan en un cruce de acusaciones por presupuestos y "sobrantes", los deportistas juveniles enfrentan la falta de apoyo garantizado. A la polémica se suman severos cuestionamientos sobre el gasto público y la falta de transparencia en la gestión de Rommel Pacheco.
El deporte mexicano vuelve a ser rehén de las disputas políticas y los desacuerdos presupuestales. A poco tiempo de que se celebren los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dirigida por Rommel Pacheco, y el Comité Olímpico Mexicano (COM), encabezado por María José Alcalá, han entablado un conflicto mediático que vuelve a poner en riesgo la preparación y asistencia de los atletas nacionales.
El choque institucional comenzó cuando el COM solicitó un ajuste de 11 millones de pesos adicionales a los 5 millones iniciales, con el fin de cubrir la logística de una delegación que creció de 32 a 62 deportistas. Sin embargo, la Conade cerró la puerta a la petición argumentando falta de fondos.
Excusas mediáticas por encima de las vías institucionales
En lugar de resolver el desabasto presupuestal mediante canales formales, la Conade recurrió a las redes sociales para justificarse. Rommel Pacheco aseguró que el COM había recibido 60 millones de pesos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, sugiriendo que existía un "sobrante" de 20 millones de pesos que debía utilizarse para financiar el viaje a Senegal.
El COM reviró de inmediato, aclarando que los 60 millones otorgados fueron comprobados y ejercidos en su totalidad para los compromisos de esa competencia, por lo que no existen remanentes utilizables. Pretender redirigir recursos de convenios ya cerrados no solo ignora la normatividad financiera del gasto público, sino que deja en la indefensión a los 62 atletas, entrenadores y cuerpos médicos que requieren viáticos garantizados.
Aunque finalmente se confirmó la asistencia de México a la justa que se llevará a cabo del 31 de octubre al 13 de noviembre en disciplinas como atletismo, natación, boxeo, taekwondo y basquetbol 3x3, el episodio dejó en evidencia la falta de planificación y la constante improvisación en la entrega de apoyos deportivos.
Cuestionamientos de fondo: opacidad y promoción personal
A la par de esta disputa, la medallista olímpica y actual diputada federal Paola Espinosa alzó la voz para señalar que la administración de Rommel Pacheco está replicando vicios y malas prácticas del pasado, priorizando la imagen pública sobre las necesidades reales del alto rendimiento.
A través de un pronunciamiento oficial, Espinosa expuso graves inconsistencias en el manejo del presupuesto:
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Incapacidad de gestión formal: Criticó que la Conade litigue en redes sociales temas presupuestales que deberían atenderse de manera técnica e institucional, afectando compromisos internacionales.
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Costos inflados sin transparencia: Cuestionó que el presupuesto de la Olimpiada Nacional haya aumentado de 150 a 350 millones de pesos bajo la gestión actual, exigiendo cuentas claras sobre los proveedores y las empresas contratadas.
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Becas sin estrategia integral: Señaló desequilibrios en la entrega de becas, argumentando que el aumento de apoyos económicos es insuficiente si los jóvenes promesas carecen de entrenadores calificados, equipo técnico y campamentos de preparación.
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Imagen personal sobre el deporte: Denunció que la estructura institucional se ha orientado a la proyección personal de sus directivos, señalando que incluso se condiciona o solicita a los atletas publicar mensajes de agradecimiento dirigidos al titular del organismo.
El caso de Dakar 2026 vuelve a reflejar un patrón recurrente en el deporte mexicano: prioridades administrativas distorsionadas donde los atletas terminan pagando el costo de las disputas de escritorio.