Empresarios de gas LP denuncian red de extorsión millonaria por agentes de la FGR: “Nos cobran hasta 200 mil pesos para no clausurarnos
Ciudad de México, 12 de enero de 2026 – Empresarios del sector de gas LP y gasolineras del norte del Estado de México alzaron la voz contra una presunta red de extorsión orquestada por elementos de la Policía Ministerial Federal de la Fiscalía General de la República (FGR). Desde diciembre de 2025, y con mayor intensidad en los primeros días de 2026, agentes federales realizan operativos sin orden judicial ni sustento legal, exigiendo cuotas mensuales de entre 100 mil y 200 mil pesos a cambio de no sellar los negocios ni abrir carpetas de investigación que podrían paralizarlos por meses o años.
Los hechos se concentran en municipios clave como Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero. Grupos de hasta 10 agentes armados, trasladados en camionetas pick up blancas con logotipos oficiales de la FGR, llegan argumentando acciones contra el huachicol o combustible ilegal. Sin embargo, los denunciantes aseguran que no presentan documentación oficial: ni órdenes de cateo, ni citatorios, ni actas de verificación válidas.
“Nos hacen una inspección rápida y superficial, amenazan con clausurarnos de inmediato y abrir una carpeta que nos deja cerrados indefinidamente. Luego dejan un número para ‘arreglarlo’ y empiezan a cobrar las cuotas mensuales. Si no pagas, no abres más”, relató un empresario que pidió anonimato por temor a represalias.
Arturo Martínez, encargado de una estación de servicio afectada, lanzó un llamado urgente: “Estamos iniciando el año y si la fiscal Ernestina Godoy o la gobernadora Delfina Gómez no actúan ya, nos tendrán extorsionados todo el 2026. No pedimos impunidad, solo que nos dejen trabajar legalmente”.
Varios afectados señalaron que los agentes no pertenecen a las unidades especializadas en hidrocarburos, lo que refuerza las sospechas de irregularidades. En las denuncias formales ya presentadas ante la propia FGR aparece identificado como presunto operador principal al policía ministerial José Eduardo Acosta, quien supuestamente actúa bajo las órdenes del comandante Fernando Pérez, adscrito a la Subdelegación de la FGR en Naucalpan.
La Fiscalía General de la República confirmó la apertura de un expediente en su Dirección de Asuntos Internos para investigar las conductas de sus elementos. No obstante, hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento oficial ni ha detallado acciones concretas tomadas.
Los empresarios exigen una investigación exhaustiva, el cese inmediato de estas prácticas y sanciones ejemplares contra los responsables. Advirtieron que el acoso pone en jaque cientos de empleos, el pago de impuestos y el abasto continuo de gas LP y combustible en una de las zonas más densamente pobladas del país.
Ni la FGR ni el gobierno estatal han respondido públicamente a las denuncias hasta esta mañana. El sector energético, ya golpeado por el robo de combustible y la informalidad, califica estas acciones como “acoso institucional” que amenaza gravemente la operación de empresas formales y cumplidas.
