Diputados de Nuevo León desconocen veto de Samuel García a reforma electoral y anuncian mesas de diálogo.
Monterrey, N.L., 7 de octubre de 2025. El Congreso de Nuevo León se encuentra en un impasse tras el anuncio del gobernador Samuel García sobre el veto a la reforma electoral aprobada recientemente, la cual busca regular la paridad de género y otras disposiciones electorales. Legisladores locales afirmaron que el documento oficial con las observaciones del Ejecutivo no ha sido recibido, lo que ha generado incertidumbre sobre el proceso legislativo. En respuesta, se propusieron mesas de trabajo con participación de todas las fuerzas políticas, autoridades electorales y ciudadanos para analizar el tema con mayor profundidad.
La iniciativa de las mesas fue presentada por la diputada Berenice Martínez, de Morena, quien encabeza la Comisión de Puntos Constitucionales. Durante la sesión de este lunes, Martínez subrayó la necesidad de un diálogo inclusivo para garantizar que la reforma cumpla con los principios de equidad y las disposiciones constitucionales nacionales. “Queremos un proceso transparente donde participen legisladores de todos los partidos, el Instituto Estatal Electoral y ciudadanos interesados. Solo así lograremos una ley que fortalezca la democracia en Nuevo León”, afirmó la diputada.
El veto anunciado por García, que aún no llega al Congreso, responde a su preocupación de que la reforma aplaza la implementación plena de la paridad de género hasta el ciclo electoral 2030-2033, lo que considera un retroceso. Además, el gobernador ha insistido en la importancia de alinear la legislación local con los avances federales en materia electoral. Sin embargo, la ausencia del documento oficial ha generado cuestionamientos entre los legisladores, quienes esperaban su entrega formal para continuar con el trámite en segunda vuelta.
El debate en el pleno reflejó posturas encontradas. Mientras algunos legisladores de Movimiento Ciudadano respaldaron la postura del gobernador, acusando a las bancadas del PRI y PAN de promover una reforma que podría debilitar los derechos políticos de las mujeres, otros defendieron el dictamen original, argumentando que responde a necesidades específicas del contexto local y a resoluciones del Tribunal Electoral.
Las mesas de trabajo, cuya organización se definirá en breve, buscarán conciliar estas posturas y evitar conflictos que podrían derivar en impugnaciones legales. Este episodio pone de manifiesto las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en un momento clave para definir el rumbo de las políticas de equidad de género y participación ciudadana en Nuevo León.
